Un periodo convulso del sistema financiero español
El nuevo gobierno del Partido Popular ha establecido en el primer semestre de 2012 los Reales Decretos–Ley 2/2012, de saneamiento del sistema financiero, y el 18/2012, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sistema financiero.
La nueva normativa está siendo trascendente en el camino hacia la consolidación del sistema bancario español. En dichos decretos se clasifica a los activos inmobiliarios que afectan a los balances bancarios en viviendas terminadas, promociones en curso y suelo. La excesiva exposición del sector bancario a tales activos es el principal lastre que afecta al mismo en 2012, casi cinco años después del inicio de la crisis.
Se ha pretendido con dichas medidas lograr la reducción de los precios de venta de la vivienda, la recuperación del crédito bancario en general y nuevos avances en la consolidación del sector bancario. Las mayores provisiones sobre los créditos inmobiliarios y sobre el suelo e inmuebles adjudicados, junto a una mayor exigencia de capital, son los instrumentos empleados para lograr los objetivos citados. Frente al afloramiento inmediato en los balances del impacto sufrido en el mercado de vivienda que se aplicó en los casos de Estados Unidos, Reino Unido e Irlanda, en España se ha seguido, hasta 2012, una vía más lenta en lo que a actualización de los balances se refiere.
El camino seguido para la reforma y adaptación del sistema bancario español a las circunstancias derivadas de la crisis se ha acelerado con la normativa de 2012. La crisis de Bankia, el cuarto grupo bancario español, que saltó a los medios de comunicación en mayo de 2012, ha puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de proceder a realizar aportaciones de capital (reforzar la solvencia) a algunos de entre los catorce grandes grupos que controlan el 90% de los activos bancarios nacionales. Dicha necesidad de capitalización es consecuencia, pues, del impacto de la normativa establecida en los dos reales decretos antes mencionados y del agravamiento de la situación de los bancos con problemas conforme se ha profundizado la situación de recesión de la economía española.
Entre 1997 y 2007 el conjunto del crédito inmobiliario (promotor, constructor y comprador) aumentó en España a un ritmo medio anual (22,3%) ampliamente superior al del resto del crédito al sector privado. La cuota del crédito inmobiliario dentro del conjunto del crédito al sector privado aumentó desde el 39,7% del total de dicha magnitud en 1997 hasta el 60% de 2007. Tal intenso aumento del crédito fue posible porque el sector bancario realizó una apelación intensa al ahorro externo, en especial bajo la forma de colocaciones de deuda bancaria en los mercados de capitales.
El descenso de los precios de vivienda en España, el 25,6% en cuatro años, según la estadística del INE, ha sido inferior al de países en los que apareció un exceso de oferta de vivienda equivalente al registrado en España. Un descenso más acusado de los precios de la vivienda hubiese impedido un ajuste tan intenso de la actividad y del empleo en el subsector inmobiliario. Los créditos morosos y los activos adjudicados procedentes del mercado inmobiliario se han convertido en la palanca relevante para la consolidación y el adelgazamiento del sistema bancario español, en el que las cajas de ahorros prácticamente han desaparecido como entidades de crédito.
Los créditos asociados al crédito a promotor y a constructor, unos 371.000 millones de euros, resultan sustancialmente más arriesgados que los correspondientes al crédito a hogares para compra de vivienda (unos 660.000 millones). La muy diferente morosidad de uno y otro tipo de crédito (3,1% en el crédito a comprador y más del 20% en los créditos a promotor-constructor) confirma la citada disparidad de riesgo. Los cambios legales desarrollados a partir de 2009, retrasados respecto del resto de países occidentales, han provocado que no queden en España cajas de ahorros entre las entidades financieras grandes y medianas (Ver Fondo Monetario Internacional, “Spain, Financial Stability Assessment”, Junio de 2012, página 8, www.imf.org), resultando simbólica y pasajera la continuidad de algunas cajas de ahorros de tamaño reducido.
La política desarrollada entre 2009 y 2011 impulsó la transformación de las cajas de ahorros en bancos. Las autonomías, con competencias exclusivas en cajas de ahorros y rurales, que solo comparten con el Banco ce España en materia de supervisión, no favorecieron el proceso de reestructuración de las cajas de ahorros, al impedir que saliese de su territorio la sede de la caja de ahorros resultante de los procesos de reestructuración. Ello retrasó en unos dos años el proceso.
Cuando se estableció desde el gobierno, en forma de Reales Decretos Leyes aprobados en las Cortes, la fórmula de la ‘fusión fría’ (SIP) de las cajas, se les dio naturaleza de banco a las nuevas entidades resultantes, no de cajas de ahorros como cabía esperar ante el carácter de cajas de ahorros de las entidades que se fusionaban. La normativa establecida al inicio de 2011 favoreció a las entidades que cotizaban en bolsa, cosa que en ese momento solo estaba al alcance de los bancos, lo que supuso una exigencia de aceleración del proceso de transformación de las cajas en bancos.
La presencia de las cajas de ahorros ha quedado limitada, pues, a una participación, más o menos significativa, en el capital de los nuevos bancos creados tras el proceso puesto en marcha desde el inicio de las reformas, resultantes todos ellos de fusiones o de adquisiciones. Dicha participación resulta mayoritaria y de control en algunos casos, como el de Caixabank, entidad controlada por Caixa de Pensiones, mientras que en otras entidades dicha participación se ha diluido tras reconocerse la insolvencia de las mismas y de pasar a ser controladas por el Fondo de Regulación Ordenada Bancaria, Frob), como son los casos de Bankia (en cuyo origen estuvo Caja Madrid, junto a otras seis cajas de ahorros), Catalunya Caixa y Nova Caixa Galicia.
De las 14 mayores entidades de crédito que subsisten, cinco tienen su origen en bancos preexistentes, alguno de los cuales ha absorbido a alguna caja de ahorros en pérdidas. Las nueve restantes son bancos en cuyo capital aparecen las cajas que originaron a dichos nuevos bancos, junto al Frob y al Fondo de Garantía de Depósitos en algunos casos. Las entidades de crédito con origen en bancos controlan el 47% de los activos bancarios nacionales y los nueve bancos restantes, procedentes de cajas de ahorros fusionadas, controlan el 41%. La mayor caja de ahorros andaluza, Unicaja, esta en vías de formar un grupo bancario con la entidad resultante de la fusión de Caja Duero y Caja España. El grupo bancario en cuestión ocupa el lugar noveno dentro de los catorce grupos citados y tiene una cuota del 2,1% del total de activos bancarios internos.
En la semana del 3 al 6 de junio, todavía bajo el impacto del ajuste preciso para sanear a Bankia, se conoció el Informe sobre la Estabilidad del Sistema Financiero Español, preparado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) con fecha de 30.5.2012. El sábado 9 de junio se conoció el apoyo del Eurogrupo a la petición de asistencia financiera del gobierno español, asistencia a aportar por cualquiera de los dos instrumentos (la Facilidad y/o el Mecanismo) de la Unión Europea.
El 21 de junio se conoció el resultado de las pruebas de stress practicadas a los catorce mayores grupos bancarios. De dichas pruebas se derivan unas necesidades de recapitalización de los bancos situadas entre 51.000 y 62.000 millones de euros. Las cuatro auditoras contratadas por el Banco de España presentarán un analisis exhaustivo de las carteras de los bancos el próximo 31 de julio. De dicho analisis se derivará, con mayor precisión, la necesidad especifica de recursos propios adicionales por parte de las entidades que lo requieran.
El lunes 25 de junio el gobierno español presentó la petición formal de asistencia financiera al Eurogrupo para recapitalizar las entidades financieras que lo requieran. El Frob será la entidad receptora de los fondos que canalizarán las entidades financieras. Se prevé que el refuerzo de las entidades financieras ahora controladas por el Frob (Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia) tardará todavía unos tres o cuatro meses.
A partir de ahora, además de las condiciones que se exigirán a los bancos que van a recibir ayudas para la capitalización, lo más relevante es cómo se va a organizar el empleo de los recursos procedentes del Eurogrupo. Además, el gobierno parece que todavía intentará reforzar el proceso de concentración bancaria. Demasiado tiempo, quizás, para que la normalidad llegue a las entidades de crédito españolas, mientras que la economía necesita el crédito para recuperarse. Ai
Julio Rodríguez López
Miembro del colectivo Economistas frente a la crisis. Fue presidente del Banco Hipotecario de España y de Caja Granada