La reforma laboral que necesita el país

A lo largo de los años, siempre he defendido con energía que la legislación laboral española no respondía a las exigencias reales de la sociedad, que los cinco millones de parados son todo un aldabonazo, una llamada poderosa de atención sobre la necesidad de adaptar el Estatuto de los Trabajadores a un nuevo mundo cambiante, más flexible, más abierto y más variable.

Por ello, se hacía imprescindible una reforma laboral que facilitara la contratación, que simplificara la auténtica maraña de contratos en la que nos desenvolvíamos, y permitiera a los empresarios una mayor flexibilidad para adaptar sus empresas a las circunstancias que en cada momento impusieran los mercados.

También he defendido repetidamente que una verdadera reforma laboral era una necesidad evidente en nuestro país, una necesidad avalada por el alto nivel de desempleo, con un veintiséis por ciento de temporalidad y un cincuenta por ciento de los jóvenes en desempleo.

Los empresarios hemos insistido hasta la saciedad en la necesidad de acometer las reformas que, a nuestro juicio, necesitaba España para modernizar sus estructuras y situarnos al mismo nivel que nuestros competidores europeos.

Afortunadamente, el nuevo ejecutivo está ya poniendo en marcha la reducción del déficit público, la reforma laboral, el ajuste de las cuentas públicas y el anuncio de posibles soluciones a la elevada morosidad pública, aunque aún quedan pendientes reformas tan importantes como la fiscalidad, la energía, la educación, la sanidad y la justicia.

Las organizaciones empresariales valoramos la reforma laboral como positiva y acertada, porque va encauzada de manera adecuada hacia el objetivo de conseguir que el mercado de trabajo ofrezca posibilidades reales para mejorar la productividad y competitividad de las empresas, y, sobre todo, para poner en marcha una pronta recuperación del empleo. En definitiva, para mejorar la eficiencia y flexibilidad de nuestro mercado de trabajo.

Es lógico que este Real Decreto Ley haya producido opiniones enfrentadas, pero, desde luego, debe quedar claro que no es la reforma que favorece a los empresarios, sino la que necesita el país en este momento, aplaudida por la inmensa mayoría de la opinión pública, la doctrina, la OCDE y por todos los dirigentes europeos.

De cualquier modo, el propio Gobierno reconoce que no es la panacea; que todavía en este año seguirá creciendo la tasa de desempleo porque, lamentablemente, el deterioro de nuestra economía es de tal envergadura, que no será posible, en un corto plazo, que estas medidas tengan una incidencia notable de forma inmediata en un aumento de la contratación.

Es necesario articular todo un conjunto de medidas armonizadas en las distintas parcelas que confluyen en la actividad económica y empresarial, ya sean en el ámbito financiero, fiscal, administrativo, o de carácter económico mercantil; incluso es imprescindible que se dé la necesaria coherencia y coordinación de las distintas administraciones públicas, de cuya agilidad y eficacia en la gestión de los asuntos que les compete depende mucho la viabilidad de los proyectos empresariales.

Sinceramente, considero que no será totalmente eficaz un marco laboral con más flexibilidad, un sistema de contratación más adecuado o un modelo de negociación colectiva más próximo a la realidad de cada empresa si, al mismo tiempo, no se dispone de un entorno financiero, fiscal o administrativo que favorezca y facilite la actividad empresarial, la inversión y la puesta en marcha de proyectos empresariales con un potencial claro de generar riqueza, capacidad productiva y empleo.

Por lo tanto, los empresarios entendemos que, además de esta reforma laboral, se necesitará seguir profundizando en otras parcelas de vital importancia para la economía y su reactivación.

Una de esas parcelas es la reciente reforma financiera aprobada por el Congreso de los Diputados, una medida imprescindible para que vuelva a funcionar el mercado, porque de ella debe fluir el crédito, que es el verdadero motor de la actividad económica.

Deben existir mecanismos para que las empresas y las familias puedan aprovechar la liquidez sin límite que ofrece el Banco Central Europeo a las entidades financieras. Esa liquidez se invierte en deuda soberana con un diferencial de rentabilidad que la convierte en un buen negocio para las entidades financieras y una solución para los estados, que ven con ello reducidas las tensiones sobre su deuda. En consecuencia, la economía real todavía en nada se beneficia de esa liquidez ofrecida por el BCE.

Asimismo, no hay que ser ningún experto, aunque algunos expertos digan lo contrario, para saber que sin crédito no hay actividad económica. Y para que ello sea posible el sistema debe estar integrado por entidades solventes y competitivas.

Sin duda alguna, la reforma financiera debe ser un avance fundamental, aunque, desgraciadamente, aún tardaremos algún tiempo en conocer sus efectos beneficiosos en forma de créditos a las familias y a las empresas. Pero es importante, muy importante, que se vayan adoptando por parte del Gobierno medidas en la buena dirección; en el camino de esa regeneración que exige el presente de este país para que sea posible construir el futuro.

Santiago Herrero León.

Pte. de la Confederación de Empresarios de Andalucía