El drama de la obra pública en Andalucía

La construcción, bajo mínimos

 

La construcción andaluza afronta, como aseguran todas las voces autorizadas y según refrendan las cifras, sus momentos más dramáticos en muchos años. En la obra pública la situación es límite por la caída de las inversiones –en los últimos cuatro años la inversión en infraestructuras se ha recortado más de un 75%, según fuentes del sector- y las restricciones presupuestarias, a lo que se suma la deuda impagada por parte de la Administración a muchos empresarios, que dependen de estos pagos para su supervivencia.

Y por si fuera poco, también afronta las peores perspectivas de recuperación y está a la

cabeza en lo que a destrucción de empleo se refiere. Según los últimos datos ofrecidos por distintas organizaciones sectoriales, desde el inicio de la crisis han desaparecido 25.000 empresas dedicadas a esta actividad y se ha destruido más empleo del que hay en estos momentos.

De un tiempo a esta parte, los mensajes de emergencia llegan sin descanso desde todos los frentes, individuales y colectivos. Los contratistas no pueden más y así lo gritan por activa y por pasiva; y junto a ellos, todas las actividades que directa o indirectamente dependen de la buena salud de la obra pública para su supervivencia, entre los que destacan las consultoras de ingeniería, que están viendo “desmantelado” su sector, como no se cansan de denunciar.

Es incuestionable que no hay actividad que se salve de la crisis, pero no es menos cierto que a los constructores –incluidos también los de edificación residencial- les ha tocado la papeleta más difícil, porque después de haber escalado a lo más alto a todos los niveles, han sufrido la caída más vertiginosa. Valga solo un dato más para confirmar esta tendencia: tres de cada cuatro de las empresas desaparecidas en Andalucía entre 2008 y 2011 se dedicaban a las actividades de construcción y promoción inmobiliaria, afirma la Confederación de Empresarios de Andalucía en su documento “Evolución reciente de la actividad empresarial en la Comunidad Autónoma de Andalucía”, publicado el presente octubre.

 

Para conocer la frágil situación por la que atraviesa el sector constructor en Andalucía es necesario analizar varios aspectos esenciales. En primer lugar, hay que realizar un acercamiento a los duros recortes en inversiones realizados por todas las administraciones. Por una parte, en el Plan de Infraestructura, Transporte y Vivienda (PITVI) 2012-2014 presentado el pasado 26 de septiembre, y que ahora inicia un largo trámite, se apuntan datos muy poco optimistas en el corto y medio plazo: “Hasta el año 2016, la inversión en relación al PIB continuará la actual senda descendente hasta alcanzar niveles mínimos situados entre el 0,71 y el 0,80% del PIB, según los escenarios”; unas cifras realmente desalentadoras si se parte del máximo alcanzado en 2008: 1,74%.

Por su parte, para las constructoras andaluzas es esencial el papel de la Junta de Andalucía en materia de inversiones, y estas también vienen sufriendo los más duros reveses en los últimos años. Sin ir más lejos, recientemente la consejera de Fomento y Vivienda ha anunciado que es necesaria una nueva reprogramación del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA) 2007-2013 cuando ya las cifras venían siendo muy negativas durante varios ejercicios consecutivos. Así, Elena Cortés ha apostado por una ampliación del horizonte de dicho Plan hasta 2020, otra noticia que ha venido a caer como un jarro de agua fría en unos empresarios que hace escasos días denunciaban que el 90% de la obra pública está paralizada, haciendo referencia a infraestructuras licitadas pero suspendidas.

Y otro tanto de lo mismo ocurre con los ayuntamientos y otras entidades supramunicipales, cuyas arcas apenas les permiten margen de maniobra. En este escenario, el sector soporta en torno al 30% del paro andaluz, y las perspectivas tanto a corto como a medio, e incluso a largo plazo, son alarmantes.

Imprescindible resulta asimismo reflexionar acerca de la deuda de las Administraciones con el sector, de dimensiones especialmente graves en el caso de la Junta de Andalucía. Después de que el Plan de Pago a Proveedores no diese sus frutos con los constructores, estos esperan que no ocurra lo mismo con el Fondo de Liquidez Autonómico y que el Gobierno andaluz destine parte de la inyección que reciba a pagar esta deuda.

Otro punto importante es el de la Colaboración Público Privada (CPP), ese mecanismo de financiación tan popular en su concepción, pero que tan pocos resultados ha dado hasta la fecha. Lo cierto es que con la delicada situación económica que atraviesan la mayoría de las empresas se reducen al mínimo las posibilidades de llevar a cabo actuaciones sostenidas en esta fórmula, destinada principalmente a obras de gran envergadura, pues obliga a las empresas a convertirse, de alguna manera, en las “entidades financieras” que sufragan los costes de la infraestructura durante su construcción. Sin embargo, la Administración parece mantener su apuesta por esta fórmula: “Se fomentará la aplicación de modelos de Colaboración Público-Privada en proyectos que resulten atractivos por su rentabilidad y ampliando su aplicación a sectores donde no se han utilizado tradicionalmente”, se apunta desde el Ministerio de Fomento al respecto del marco económico y financiero en el que nace el PITVI.

En este diagnóstico sectorial es imprescindible hablar también de las alternativas por las que vienen apostando las constructoras andaluzas en su lucha por continuar en la brecha. Así, la salida al exterior, la entrada en nuevos sectores que ofrezcan posibilidades de generar riqueza y empleo, la reorganización de su actividad para centrar sus esfuerzos en las escasas intervenciones que mantienen una mínima salida, caso de la conservación de infraestructuras públicas o, del lado de la edificación, la rehabilitación de viviendas y otros inmuebles, empiezan a cobrar cada vez más peso en las compañías con capacidad para redirigir o reorientar sus actuaciones. Sin embargo, para aquellas empresas sin la capacidad para llevar a cabo este procedimiento, que son la mayoría, la única salida factible es conseguir que la Administración priorice la obra pública al estimarla como una inversión productiva que, bien gestionada, podría constituir una de las piezas clave para reactivar la economía. Las medidas de austeridad, con los consiguientes recortes, son necesarias para cumplir con los objetivos de déficit, pero al propio tiempo es imprescindible compatibilizarlas con medidas de crecimiento: impulsar la inversión pública es, para muchos expertos, la forma más rápida y segura de conseguir resultados en aras de la recuperación económica; sin olvidar los beneficios que genera para la sociedad en general y el impulso que representa para la competitividad de los territorios y sus habitantes. Además, como dijera un político en una ocasión, recortar la obra pública es paralizar una máquina de crear empleo.

Es necesario, asimismo, realizar un acercamiento a la figura del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (Plan OLA), puesto en marcha por la Junta de Andalucía para mejorar y modernizar las infraestructuras educativas de la red de centros docentes. Este Plan, que sitúa a Andalucía como la comunidad con mayor número de obras licitadas en este país, representa un importante balón de oxígeno para el sector, toda vez que supone, según la Consejería de Educación, más de 5.000 puestos de trabajo.

Y para entender la dimensión del problema desde una perspectiva más general, es necesario aportar algunos datos esenciales de la actividad constructora en general, en la que se enmarca el segmento particular de la obra pública: destrucción de empleo, desaparición de empresas, reducción de peso en el Producto Interior Bruto, evolución en los últimos años, etc., valores esenciales para entender de manera global el drama que afecta a un sector con un peso específico tan importante en una economía desarrollada. Ai