Defender la Arquitectura española, defender la ‘marca España’

Ángel Díaz del Río Hernando

Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla

 

Los 50.000 arquitectos que ejercen en España y los 30.000 estudiantes actuales de Arquitectura corren estos días el peligro de sufrir un gran fraude, ya que se han formado o se están formando para ejercer una profesión que puede desaparecer tal y como ha sido concebida y se reconoce en las directivas europeas. En esta ocasión el engaño lo va a cometer el propio Gobierno de España, a iniciativa del Ministerio de Economía y Competitividad, cuyo titular es Luis de Guindos, que se dispone a hacer desaparecer la Arquitectura.

La agresión se llama Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP), que si se mantiene con el texto que conocemos acabará con la actual profesión de arquitecto, ya que permitirá que profesionales que no han recibido la formación necesaria puedan redactar y dirigir proyectos de arquitectura. La LSCP se excede en su objetivo de regulación de servicios profesionales para pretender el cambio en las atribuciones de algunas profesiones técnicas, encomendando el cambio de la Ley de Ordenación de la Edificación a un grupo de trabajo, que elaborará una nueva propuesta de regulación de competencias en “el ámbito de la ingeniería y la edificación”.

Con ello, el Gobierno oculta de forma manifiesta sus intenciones, que de materializarse irán en grave detrimento de la arquitectura española, modificando de manera encubierta la actual regulación de competencias de los técnicos que intervienen en el proceso de la Edificación, establecida en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), formulada con consenso y con buenos resultados. Es una modificación que, por tanto, va contra las más elementales normas del arte de gobernar, que como todo el mundo sabe incluyen la máxima de no estropear lo que funciona.

Colegios de Arquitectos de toda España, y en particular el de Sevilla, están realizando movilizaciones, la última de ellas un encierro de protesta en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, para pedir al Gobierno que escuche nuestras reivindicaciones antes de seguir adelante.

El Ministerio alega las exigencias del Derecho de la Unión Europea, pero el mismo dictamen del Consejo de Estado sobre esta ley dice que ninguna norma comunitaria exige este desmantelamiento de la arquitectura. Por el contrario, las directivas europeas establecen una regulación específica para la formación de los profesionales que ejerzan la arquitectura porque, igual que la de médico, afecta a la seguridad de las personas: “La creación arquitectónica, la calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto de los paisajes naturales y urbanos, así como del patrimonio colectivo y privado, revisten un interés público”.

El uso del edificio no solo lo configura formalmente, sino que introduce exigencias perfectamente definidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y demás normativa de aplicación. La formalización equilibrada de todas estas exigencias técnicas define la calidad del espacio que habitan las personas, y los arquitectos son los profesionales que, por su formación transversal, tienen la capacidad de alcanzar los objetivos que la sociedad demanda para sus edificios y su entorno.

La Arquitectura es el resultado de combinar, de la manera más adecuada, las cuestiones funcionales y técnicas que cada actividad exige, teniendo en cuenta además las relaciones entre las personas y los edificios, y entre éstos y su entorno.

Este proyecto legislativo introduce el desorden y la ley de la selva en un sector que durante muchos años ha venido funcionando de forma ordenada y eficaz. Y lo hace en nombre de una cacareada competencia económica que, en realidad, sale perjudicada con el cambio. Los arquitectos son económicamente independientes: trabajan como profesionales autónomos o empleados de otros arquitectos, y los estudios tienen autonomía de criterio para garantizar los intereses de la sociedad, también los económicos, frente a los de las empresas. Los arquitectos son, pues, profesionales independientes que pueden garantizar los derechos de los ciudadanos sin cortapisas de otros intereses.

 

La función de los Colegios

 

Por otra parte, esta ley pone en grave peligro el papel de los Colegios de Arquitectos como garantes de los derechos de los profesionales y de los ciudadanos, ya que permite al Gobierno anular su autonomía mediante la intervención unilateral de sus órganos de gobierno. De este modo, el proyecto pone en cuestión el futuro de los colegios como instituciones encargadas de defender los intereses de los profesionales y de la sociedad, por lo que puede chocar con la Constitución Española, tal como expone en su voto particular al dictamen del Consejo de Estado sobre la LSCP el consejero Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Herrero, que fue uno de los ponentes de la Constitución en 1978, afirma que la LSCP afecta a los artículos 36 y 51 del texto constitucional, donde se regulan los Colegios Profesionales y las garantías del consumidor, respectivamente, porque cae en la “banalización” de las garantías sobre el trabajo de los profesionales que ofrecen los colegios a los ciudadanos, recogidas en esos artículos de la Constitución.

En palabras de Herrero, la ley ataca la autonomía constitucional de los colegios cuando, bajo el calificativo de “tutela”, se prevé una intervención que puede llegar a la disolución del órgano de gobierno colegial. Este consejero también subraya que “no hay una sola norma comunitaria que propugne la erosión de los Colegios Profesionales, y no puede tomarse por tal los informes o las opiniones de la Comisión o de los funcionarios de la Unión, por elevado que fuera su rango”.

No podemos concluir sin constatar que respecto a las políticas europeas existe un cierto complejo de inferioridad de los políticos españoles: se toman mucho trabajo en reclamar que los ingenieros civiles europeos puedan proyectar edificios residenciales y otros de competencia de los arquitectos en España, pero no procuran con la misma diligencia que los arquitectos españoles puedan ejercer en Europa plenamente en todo el proceso edificatorio, dada la formación de carácter transversal de conocimientos de los arquitectos españoles. Defender la ‘marca España’ es también defender la capacidad y el prestigio de nuestros arquitectos, más preparados y con una formación más completa que la media europea.

Difícilmente podrá estar España entre los que cuentan en Europa si no tomamos ejemplo de países como Alemania, donde nuestra profesión está regulada por una ley social de la arquitectura, que le da un sentido de actividad de interés público, y de la que entre otras cosas se deriva que los profesionales deben aplicar unos honorarios establecidos por unos baremos mínimos obligatorios, fijados legalmente. Eso en Alemania, el país adalid de las reformas, mientras en España estos baremos no es que no sean obligatorios: es que están prohibidos y perseguidos. Ai