Construir nuestro futuro

Juan Manuel Moreno Bonilla

Presidente del PP Andaluz

 

Este número de Andalucía Inmobiliaria marca los primeros quince años de un gran proyecto. Felicidades. Se trata de una cifra redonda para un magnifico lugar de encuentro, de debate y de comunicación para el sector inmobiliario y de la construcción. En estos quince años Andalucía Inmobiliaria se ha afianzado como referente para el sector, pero también para quienes queremos estar al día de la evolución del sector y de cuantos asuntos interesan a los profesionales inmobiliarios, para tratar de buscar soluciones a sus problemas.

Juan Manuel Moreno Bonilla
Juan Manuel Moreno Bonilla

Andalucía Inmobiliaria se ha convertido también en la atalaya desde la que conocer qué ha ido pasando en un sector que ha vivido en este tiempo un auge desconocido hasta entonces, pero, también, desgraciadamente, una contracción que ha sido perjudicial para los emprendedores, para la economía, para la sociedad en general, porque es uno de los motores de desarrollo económico de España y, especialmente, de nuestra Andalucía.

Hace precisamente quince años también que el sector inmobiliario y de la construcción comenzó a vivir unos momentos de expansión que contribuyó en gran medida al gran crecimiento económico y del empleo que se conoció en Europa como el milagro español. Desafortunadamente, una intensa crisis de

satada hace siete años ha provocado un periodo de desconcierto general que ha supuesto una enorme pérdida del poder del sector como motor socioeconómico. Ellos han sufrido, están padeciendo, las consecuencias. Pero sobre todo esos efectos negativos afectan a toda la sociedad.

Y en Andalucía, con especial incidencia, la caída del sector de la construcción inmobiliaria no ha ido acompañada de una acción del gobierno regional, de la Junta de Andalucía, que, de espaldas a esa realidad, no ha sabido impulsar medidas de crecimiento que paliaran los efectos de la crisis.

Lejos de eso, el plan de construcción sostenible y el Plan de Rehabilitación de viviendas, que entre 2008 y 2012 han estado vigentes, no han supuesto una ayuda para el sector, por cuanto no se cumplieron las promesas lanzadas en su día, que quedaron en meros titulares grandilocuentes y no llegaron a movilizar ni siquiera el diez por ciento de los recursos comprometidos dentro del plan.

Durante todos estos años, la Junta ha estado mirando hacia otro lado, ofreciendo titulares pero no salidas, trasladando competencias sin recursos y derivando responsabilidades a los ayuntamientos que éstos han asumido en la medida de sus presupuestos para ofrecer soluciones a los ciudadanos.

Pero en este periodo tan crucial, también los ayuntamientos se han visto impedidos en su acción por las trabas encontradas en la propia Junta de Andalucía. Así, unos instrumentos tan importantes para el desarrollo local como son los planes de ordenación urbana, se vieron retrasados por los cambios introducidos por el POTA, que cambió las reglas de juego en pleno proceso de elaboración. Algunos planes se han visto posteriormente retrasados hasta en siete años, por lo que no ha podido utilizarse este instrumento de planificación para movilizar al sector inmobiliario y de construcción.

Esto puede considerarse como una falta de sensibilidad y de actuación para afrontar una crisis tan dura por parte de la Junta de Andalucía, que ha asumido en este terreno un papel de confrontación política que perjudica a la economía y a la sociedad, sin tener en cuenta que los proyectos que son buenos para las ciudades son buenos para los ciudadanos, con independencia de dónde vivan o quienes sean sus regidores municipales.

Si en los últimos siete años ha faltado una política de vivienda y planificación del territorio, a partir de ahora las previsiones no son más optimistas. El nuevo Plan Marco de Vivienda se ha elaborado sin diálogo ni consenso con los agentes sociales y económicos ni con los ayuntamientos, pero, lo que es aún más grave, sin una programación real ni unos recursos evaluables que garanticen la correcta ejecución de su contenido.

Nuevamente una política de gestos presenta un plan sin objetivos concretos que carga la responsabilidad en los ayuntamientos y exige compromisos, pero que no garantiza la financiación necesaria para su cumplimiento. Y mientras los ayuntamientos hacen sus deberes, la Junta echa el freno, no cumple, y niega proyectos fundamentales para dinamizar la economía.

El Gobierno andaluz parece estar ensayando un laboratorio de ideas del PSOE sin atender lo que están haciendo en otras comunidades que avanzan y empiezan a superar la crisis, mientras aquí asistimos diariamente a promesas vacías, como la anunciada de legalización generalizada de viviendas ilegales, varias veces ya prometida y nunca acometida como proyecto real, sensato y realizable.

En este asunto, apostamos por incorporar a la legalidad, con derechos y deberes, las viviendas construidas irregularmente, restaurando el daño físico y medioambiental al territorio andaluz, pero a través de una Ley Especial para la Regularización de Edificaciones Ilegales, con vigencia limitada para evitar que se perpetúe el problema y que se reproduzca en el futuro.

Andalucía no puede seguir siendo el conejillo de pruebas de las ideas del PSOE, mientras asistimos al crecimiento y avance de otras comunidades que van saliendo de la crisis y van generando empleo.

Un plan de vivienda moderno y comprometido debe fijar una financiación seria, ampliar los destinatarios para eliminar situaciones de exclusión por falta de vivienda, eliminar la calificación permanente de la vivienda protegida para garantizar la flexibilidad y acceso a las mismas; modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para poner en uso los suelos derivados de las reservas del 30% de vivienda protegida por ley, así como de las cesiones del 10% a los ayuntamientos.

Además, el PP considera imprescindible incorporar un Plan de Erradicación del Chabolismo en Andalucía; incorporar ayudas para prevenir los desahucios de afectados por impagos de hipotecas y también del alquiler; e incorporar ayudas para las obras necesarias derivadas de las ITE (Inspección Técnica de Edificios); así como articular los programas necesarios para dar salida al stock de vivienda protegida en venta o alquiler.

Mi compromiso se deriva del convencimiento de que el sector debe seguir siendo uno de los principales motores económicos de Andalucía y, también, de que si el acceso a la vivienda es un derecho ciudadano lo es en la medida en que las administraciones deben asumir plenamente su obligación de poner las bases para el desarrollo del sector inmobiliario y de la construcción que garantiza ese derecho. Ai

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