“Nuestro sector, para superar las dificultades, siempre está unido”

Juan Lazcano Acedo

Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

Usted lleva desde 2001 como presidente de la CNC. ¿Qué balance realiza de estos más de 15 años en el cargo?

El mejor balance que puedo aportar es el de haber logrado con la ayuda y colaboración de nuestras organizaciones confederadas, de sus equipos profesionales y del entendimiento con los agentes sociales, un sector de la construcción estructurado y cimentado en tres pilares fundamentales:

  • El primero de ellos es el Convenio General del Sector de la Construcción, habiendo concluido para ello la firma de 4 convenios y dando paz social durante todo este tiempo a nuestro sector.
  • En segundo lugar, la Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción que se negoció entre los agentes sociales del sector durante muchos meses y que cristalizó en su publicación en el año 2006.
  • Por último, la Fundación Laboral de la Construcción que ha experimentado una transformación importante de descentralización y modernización. Hoy día a través de sus 46 centros de formación repartidos por todas las Comunidades Autónomas formar anualmente a más de 70.000 trabajadores y presta servicios avanzados tecnológicamente de prevención, de seguridad y salud, de empleo y formación a las empresas a través de las Asociaciones Patronales.

Aparte de todo esto, hay que tener en cuenta que ha sido una labor apasionante estar presidiendo un sector que ha visto sus éxitos más importantes y ha sufrido en solitario su crisis más profunda durante estos últimos años.

 

¿Considera el suyo como un sector unido en la defensa de los intereses comunes?

Una de las virtudes que tiene la CNC es que engloba a la práctica totalidad de las organizaciones del sector tanto de ámbito nacional como territorial y poniendo por tanto voz a las grandes empresas constructoras, pequeñas y medianas, promotores-constructores, prestadores de servicios al sector, especialistas, etc. Por todo ello, la opinión de la CNC es una opinión muy sosegada, reflexiva, y sobre todo común a todo el sector, y por tanto todo aquello que lleva el logo de la CNC es algo que ha sido consensuado. Por eso, en mi opinión, nuestro sector, para superar las dificultades, siempre está unido.

 

Desde su posición al frente de la patronal ha vivido muy de cerca el drama del sector en la última década. De un tiempo a esta parte, la construcción relacionada con la edificación está experimentando una importante recuperación, sustentada especialmente en la promoción residencial. Una vez alcanzado el ritmo de producción “normal” de vivienda de obra nueva, ¿puede llegar a suplir, o al menos a amortiguar, la carencia de inversiones en infraestructuras?

La carencia de inversión en infraestructuras nunca se va a suplir con la producción relacionada con la construcción edificatoria. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la construcción relacionada con la edificación no está teniendo una importante recuperación, sino que simplemente se está recuperando. Viniendo de tan abajo, una recuperación leve es una recuperación importante pero eso no significa que hayamos alcanzado una buena velocidad de crucero. Cuando se estén construyendo al año alrededor de 150.000 viviendas habremos encontrado una posición razonable. En segundo lugar la inversión en infraestructuras tiene características propias en lo que se refiere a su contribución al desarrollo económico y social del país, a la vertebración y cohesión territorial y al incremento de la competitividad. Cada euro invertido en infraestructuras casi duplica su valor en actividad económica inducida (el 92%) debido a su gran demanda de bienes y servicios. Y representa además, después del sector de la alimentación, el segundo sector en generación de empleo directo e indirecto, que en el caso de la construcción es 14 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido. Las infraestructuras, además, son rentables fiscalmente: un euro invertido en infraestructuras permite al Estado recuperar casi la mitad (el 49%). Y, además, el sector de las infraestructuras es el sector de actividad económica que menor cuota de importaciones consume de la economía española (tan solo el 9%), lo que redunda positivamente en nuestra industria nacional.

 

El PIB ha crecido en los últimos cuatro años a un ritmo promedio en torno al 3%, al tiempo que el abultado déficit público se ha venido corrigiendo. Sin embargo, esta mejora general de la economía no se traduce en una mayor inversión pública en infraestructuras. ¿Puede significar esto que se ha alcanzado el techo del gasto que las Administraciones Públicas consideran sostenible para dicho fin?

Consideramos que la política pública de restricción de gasto basada en un recorte de la inversión pública en infraestructura es errónea. Ya se ha trasladado por algunos economistas que esta crisis económica, a pesar de estar superándose, no está siendo apreciada por las familias. Esto es debido a que la mejora de las cifras macroeconómicas se están basando principalmente en las exportaciones o en el sector exterior, cuando en las otras crisis económicas que hemos sufrido la mejora se ha basado principalmente en el impulso de la construcción. Si la economía se recupera sobre la base de un sector que utiliza intensivamente mano de obra se produce una permeabilización de la riqueza en España y por tanto los hogares, el ciudadano, dispondrá de mayor riqueza y así habrá más actividad económica, más recaudación y, en definitiva, mayor bienestar.

Dicho esto si no queremos retroceder económicamente y perder stock de capital público, debemos establecer nuestras prioridades de inversión, así como revisar nuestro modelo de financiación de infraestructuras porque el gasto social ligado a la política de bienestar es ineludible, imperativo y creciente.

 

¿Hay alguna novedad sobre el Plan Extraordinario de Infraestructuras anunciado por el Presidente del Gobierno hace unos meses?

Nuestra inversión pública en infraestructuras es insuficiente y es imprescindible y prioritario incrementarla, si no queremos retroceder económicamente y perder sensiblemente stock de capital público como acabo de indicar. No podemos eludir esta responsabilidad y para ello debemos establecer nuestras prioridades de inversión para lo que es imprescindible un Pacto Nacional de Infraestructuras (del que aún no sabemos si se está avanzando), así como revisar nuestro modelo de financiación de infraestructuras porque el gasto social ligado a las políticas de bienestar es ineludible y creciente. Con verdadera satisfacción y esperanza, por el primer paso que representa hacia la materialización de estos objetivos, ha recibido el subsector de la obra civil el denominado PIC, Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras por un montante de 5.000 MM de euros y a través de un modelo concesional.

 

Las patronales lleváis mucho tiempo reivindicando mayores inversiones públicas en infraestructuras hidráulicas. ¿Qué esperan de las Administraciones en este punto? ¿Tiene realmente España un déficit muy grande en la materia?

En primer lugar, por nuestras condiciones climatológicas, la diversidad orográfica y diferentes características geográficas, geológicas e hidrológicas de nuestro territorio, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor estrés hídrico. Más del 70% de nuestra superficie se encuentra bajo estrés hídrico severo. Por tanto paliar el déficit de infraestructuras hidráulicas actuando en el abastecimiento, el tratamiento, la distribución y la gestión o regulación del agua, por agrupar actuaciones en cuatro grandes ámbitos, debe ser un objetivo urgente en nuestro país.

La puesta en marcha de los planes hidrológicos de segundo ciclo 2016-2021 supone una inversión de aproximadamente 20.000 millones de euros y se requiere una inversión adicional de 5.000 millones de euros para actuaciones de depuración en línea con las obligaciones derivadas de la Directiva Europea de tratamiento de aguas residuales urbanas.

 

España cuenta con una de las redes viarias más extensas de Europa, pero su estado de conservación presenta importantes carencias. ¿Se está llegando a una situación crítica? ¿Puede representar un factor de riesgo para la seguridad vial?

Sin duda arrastramos un déficit de conservación de nuestro patrimonio viario que la Asociación Española de la Carretera ha estimado en 6.600 millones de euros en el conjunto de las Administraciones Públicas y que es imperativo reducirlo.

En lo que se refiere a la seguridad vial llevamos años realizando un proceso encomiable de reducir las víctimas mortales de nuestra red, llegando a ser el quinto país de Europa con menos accidentalidad, con unos valores muy por debajo de la media europea de víctimas mortales. Pero estamos viendo que desde 2015 la curva de disminución de víctimas se está aplanando. Tenemos la obligación de analizar eso. El 80% de las víctimas mortales se produce en carreteras convencionales. Tenemos que ver qué podemos hacer para reducir esta mortalidad.

Tenemos que actuar en estas carreteras con pequeñas intervenciones que ayuden a paliar los errores del usuario porque no siempre se adaptan las condiciones de circulación —que es una obligación de todo conductor— a las características de la vía. Teniendo en cuenta que esto ocurre, tenemos que actuar sobre la red convencional para que la carretera «perdone» errores del usuario.

 

¿Qué consecuencias principales tiene para la construcción la nueva Ley de Contratos del Sector Público?

La nueva Ley de Contratos del Sector Público tiene importantísimas novedades que van a afectar de manera directa a la forma de elaborar los pliegos, a la forma de licitar y a la forma de ejecutar los trabajos para todo el sector público. Contiene novedades en cuanto a la solvencia, la posibilidad de introducir criterios sociales y medioambientales en la contratación pública, nuevas formas contractuales, la posibilidad de contratar por lotes y facilitar el acceso a la contratación pública a las PYME’S

En este punto, la CNC está haciendo una importante labor divulgativa pues, además de ser un texto extremadamente prolijo, es complicado y, como señalo, contiene numerosas novedades.

 

¿Refuerza dicha Ley la participación de la iniciativa privada en la financiación de las infraestructuras públicas?

Esta Ley de Contratos del Sector Público ha abandonado definitivamente el contrato de colaboración público-privada, pues no venía definido con la suficiente claridad en la anterior legislación. Por el contrario, se ha acudido a la demanda que veníamos haciendo desde la CNC y es que se utilice el contrato en el que somos líderes en el mundo para encauzar esta forma de colaboración entre el sector público y el sector privado; esto es el contrato de concesión de obras y el contrato de concesión de servicios.

En España existe en algunos círculos la idea equivocada de que en materia de infraestructuras está todo hecho. Esto, en mi opinión es un grave error que, de generalizarse, puede conducir a nuestro país al inmovilismo y al retroceso económico. Es cierto que en determinadas infraestructuras de transporte, como en nuestra red de autovías, puertos, aeropuertos y alta velocidad ferroviaria, contamos con una extensa y moderna red que, aunque pendiente de completar, ha jugado y está jugando un papel determinante como acelerador de la salida de la crisis. Pero también es cierto que existen otras áreas de marcado carácter social y de mantenimiento del stock existente en las que somos muy deficitarios. El modelo concesional va a tener sin duda un especial protagonismo para financiar esas carencias.

 

Al respecto de la controvertida cuestión de las bajas temerarias, ¿se pueden considerar una distorsión del sistema de contratación pública? ¿Introduce la nueva Ley alguna novedad relevante para acabar con esta práctica?

La adjudicación a contratos incursos en bajas temerarias desequilibra el mercado, afecta a la leal competencia y crea una distorsión de la libre concurrencia entre las empresas. En esta nueva ley, a pesar de haber insistido en que era necesario introducir la prohibición a adjudicar los contratos a ofertas incursas en temeridad, se sigue manteniendo la posibilidad de hacer estas adjudicaciones, pero se le impone a la Administración la obligación de hacer un seguimiento especial de la ejecución del contrato en lo que se refiere a la justificación por el adjudicatario de la baja temeraria.

 

¿Hasta qué punto puede resentirse por esta causa la calidad de las obras?

El problema no sólo es la calidad de las obras sino la ralentización que se produce de las mismas. En el caso de que un contrato se adjudique a una baja temeraria, en primer lugar parece que la valoración previa que hizo la Administración era errónea. En segundo lugar, quien se adjudica el contrato tiene la obligación de ejecutarlo a un precio que no se compadece con la media del mercado, lo que puede suponer una deficiente calidad y una ejecución del contrato con continuas incidencias, que en el peor de los casos puede conducir a la paralización y/o la resolución de aquel.

 

Desde la entidad que usted preside, ¿han propuesto algún tipo de iniciativas para limitar las bajas desproporcionadas? ¿Con qué resultados?

Reitero que deberían prohibirse las adjudicaciones a ofertas incursas en temeridad porque entendemos que se vulnera el principio de “precio de mercado”. No obstante las Administraciones Públicas tienden a limitar el diferencial de baja respecto de la media.

 

Las modificaciones de los contratos públicos son una práctica habitual. ¿Cuáles son los principales motivos que se esgrimen para dichas modificaciones? ¿Introduce la nueva Ley alguna novedad relevante para acabar con esta práctica?

Hay que tener en cuenta que los modificados de los contratos no se producen por voluntad del contratista. Lo habitual es que se habiliten por causas imprevisibles o imprevistas, o por necesidades sobrevenidas, y siempre basadas en el ius variandi de la Administración para ajustar lo que se está ejecutando al fin último de la obra o servicio, ya sea público o privado. La regulación de las modificaciones de los contratos está perfectamente determinada en las Directivas Comunitarias, así como en la nueva Ley de Contratos del Sector Público, permitiéndose en unos determinados casos y tras un expediente reglado que tiene que aprobar la propia Administración.

 

En Andalucía, desde que se concibe un proyecto hasta que se licita transcurre un promedio de entre 48 y 55 meses. ¿Es inevitable que dicha tramitación ocupe ese período de tiempo o existen medidas que permitan reducir y simplificar los procesos?

El tiempo necesario entre que se planifica la necesidad de una determinada actuación que implica afecciones al territorio, a sus componentes, o a los ciudadanos requiere aproximadamente un plazo que oscila entre 8 y 10 años, si se quiere obtener un proyecto de calidad que pueda ejecutarse eficientemente y que haya gozado de suficiente información pública. Hoy día se están implementando herramientas de elaboración de proyectos y ejecución de obras que faciliten la necesaria coordinación de los agentes implicados y cumplir plazos y precios.

 

¿Ha sabido reinventarse el sector de la construcción en España? ¿En qué aspectos ha sufrido las transformaciones más significativas?

El sector de la construcción va desempeñar un papel clave en el proceso de transición a la economía circular, sobre todo por lo que afecta a las repercusiones medioambientales de sus procesos y a la gestión de sus residuos, pero también por lo que se refiere al comportamiento medioambiental del producto construido, fundamentalmente los edificios.

 

¿Hacia dónde debería avanzar con vistas al futuro?

La transformación del sector se basará en buena medida en su digitalización. Ese proceso de digitalización comprenderá desde la utilización de aplicaciones de gestión comunes ya en otras actividades, hasta el uso de la Realidad Aumentada, pasando por la impresión 3D o las aplicaciones para dispositivos móviles. Y lo que es más importante, la implantación de la metodología BIM (Building Information Modeling), basada en la utilización de un modelo digital del proyecto, y que permite la digitalización de todo el proceso de construcción y gestión de la obra, mejorando la cooperación entre los agentes y, en consecuencia, la eficiencia.

 

Para concluir, ¿cuáles son sus objetivos esenciales al frente de la CNC en lo que le resta de mandato?

Como subrayé este año, cuando resulté reelegido presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, la industria de la construcción ha sufrido la mayor crisis que nadie hubiera podido imaginar en términos de producción y empleo, y debemos aprovechar esta catarsis para que la construcción se reinvente y se adapte a los nuevos tiempos, promoviendo la creación de una industria puntera, avanzada y sostenible.

La eficiencia energética, la rehabilitación y las nuevas tecnologías van ser los principales impulsores de la nueva industria de la construcción.

El Sector de la Construcción tiene ya en el momento presente un reto importante: la formación de sus trabajadores. Por un lado, se necesita licitación pública y la reactivación del sector, pero por otro es muy necesario potenciar el conocimiento de nuestros profesionales. Para ello, la Fundación Laboral de la Construcción debe intensificar sus esfuerzos formando en las nuevas tecnologías, en los nuevos métodos constructivos y apostando por las cualificaciones profesionales.

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