¿Pueden reclamarse las cantidades cobradas en exceso por la cláusula suelo tras la sentencia de la Unión Europea?

Por Manuel Sillero Onorato

 

Pocos litigios han sido tan mediáticos como los relativos a la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, lo que ha provocado una profusión de información que en no pocas ocasiones ha generado más errores que aciertos.

Las cláusulas suelo, en contra del sentir general, no son nulas de por sí, sino que el modo en el que han sido introducidas en los contratos de préstamos es lo que provoca el vicio de nulidad.

Quiere con ello decirse que habrá que estar a cada caso concreto para analizar si efectivamente se ha introducido de modo que vulnere los derechos y garantías de los consumidores.

No obstante, y pese a la correcta afirmación anterior, lo cierto y verdad es que las entidades financieras han venido actuando de una forma muy mecanizada y sistemática, lo que ha provocado que en la gran mayoría de las contrataciones se haya incurrido en vulneraciones de derechos que están provocando la masiva declaración de nulidad.

Hasta ahora, debido a la conocida sentencia del Tribunal Supremo de 09 de mayo de 2013 por la que se declaraba la retroactividad parcial de los efectos de la nulidad de los contratos de préstamos en lo que se hubiere incluido indebidamente la cláusula suelo, los Tribunales condenaban a la devolución de cantidades cobradas en exceso de modo limitado hasta la fecha de la Sentencia antes citada.

Este singular efecto de la retroactividad parcial o limitada en el caso de declaración de nulidad tenía difícil encaje en nuestro ordenamiento jurídico toda vez que el artículo 1.303 del Código Civil determina la obligación de restitución sin limitación o modulación temporal alguna.

En el mismo sentido se pronuncia la Directiva comunitaria 13/93 sobre cláusulas abusivas celebradas con consumidores, circunstancia esta que motivó la interposición de cuestiones perjudícales sobre la interpretación correcta de la Directiva ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE).

Dicho Tribunal ha fallado recientemente sobre la cuestión indicando que la declaración de nulidad conlleva la obligación de restitución de cantidades cobradas en exceso desde la firma del préstamo hipotecario sin que sea ajustado a derecho fijar limitación temporal alguna a los citados efectos restitutorios.

Ello nos lleva a considerar algunas situaciones que pueden plantearse respecto las declaraciones de nulidad solicitadas o realizadas por los Tribunales nacionales.

Queda claro que en aquellos casos en los que el procedimiento de nulidad se interponga a partir de la fecha del dictado de la Sentencia del TJUE, la eventual sentencia estimatoria habrá de declarar la restitución de cantidades desde la fecha de firma del contrato de crédito hipotecario.

Igual criterio habrá de aplicarse respecto las resoluciones estimatorias de nulidad en los procedimientos que estuvieran iniciados a la fecha de la Sentencia del TJUE, 21 de diciembre, y en los que no hubiera recaído dictado de sentencia firme hasta ese momento.

La situación controvertida se producirá respecto aquellos procedimientos judiciales en los que se haya declarado la nulidad de la cláusula suelo con limitación de efectos restitutorios desde el 09 de mayo de 2013, habiendo adquirido firmeza dicha Sentencia, la cual incluso habrá sido objeto de cumplimiento, por más que consideramos que es irrelevante si se ha producido o no la citada restitución.

Desde un punto de vista legal, las Sentencias que han adquirido firmeza son inatacables salvo en supuestos tasados en los que procede el recurso de revisión del artículo 510 de la LEC.

Desde algunos sectores doctrinales se apunta a dicha posibilidad para combatir los efectos de la nulidad limitada.

No obstante, consideramos que la interpretación dictada por el TJUE no está incardinada en ninguno de los supuestos tasados para la revisión que contempla el artículo antes citado pues el mismo atiende, por lo que al caso interesa, a la obtención de documentos decisivos de los que no se hubiera podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado, sin que sea asimilable a tal situación el dictado de la Sentencia del TJUE una vez adquirida la firmeza de las Sentencias de nulidad.

La acción idónea, a nuestro entender y salvo mejor criterio fundado en derecho, para reclamar en el caso de firmeza de las Sentencias con retroactividad limitada sería el de responsabilidad patrimonial del Estado a causa de error judicial.

La razón de ello reside en el hecho, de gran importancia, de que no se trata de un cambio de criterio jurisprudencial, lo cual no conllevaría la responsabilidad patrimonial del Estado pues es parte de la evolución del derecho su variabilidad del mismo modo que cambian las leyes, pues no podemos olvidar que la jurisprudencia es fuente del derecho.

Lo que el TJUE ha dictaminada en su resolución, al menos en lo que de fondo se refiere, es que el Tribunal Supremo ha aplicado mal el derecho comunitario, por lo que ha incurrido en error en la aplicación del derecho, y dicho error es susceptible de reclamación de responsabilidad pues los administrados no están obligados a soportar los perjuicios patrimoniales que le cause el error de los Jueces y Tribunales. Ai

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