Las infraestructuras, cruciales para el crecimiento

Las infraestructuras son esenciales para un territorio, para su consolidación, desarrollo y crecimiento, y muy especialmente para su progreso económico, no sólo por lo que las propias infraestructuras representan para la calidad de vida y el bienestar de ciudadanos y colectivos, sino por el impulso para la economía en general que su construcción y mantenimiento implican.

La inversión en carreteras, autovías, obras hidráulicas o puertos y aeropuertos, entre otras, no sólo ‘tira’ de la construcción y la ingeniería, sectores directamente implicados en su ejecución, sino que su ‘efecto arrastre’ hacia otros sectores económicos es una realidad incontestable, más allá de su efecto de forma indirecta en el sistema productivo global, permitiendo que aumente el empleo en todas las actividades relacionadas y, consecuentemente, el nivel de renta de la población o los ingresos fiscales procedentes de impuestos.

 

Cuando se menciona la palabra infraestructura, es inevitable pensar en aquellas que son esenciales para el transporte de personas y mercancías, siendo objetivo prioritario en este terreno la optimización de los tiempos de viaje y la reducción de la siniestralidad en los trayectos. De esta manera, unas conexiones viarias, ferroviarias o aeroportuarias eficaces permiten no sólo que los ciudadanos se desplacen con agilidad y seguridad por un territorio, sino que propician que las empresas pongan sus productos y servicios en el mercado con rapidez y solvencia, y sus empleados circulen hacia sus puestos de trabajo con las mayores garantías.

Pero es necesario reflexionar mucho más allá, toda vez que las infraestructuras son un instrumento básico para la consecución de los objetivos de sostenibilidad ambiental de cualquier sociedad desarrollada, para el correcto suministro de electricidad o gas, para la mejora de aspectos tan fundamentales en la vida cotidiana como las telecomunicaciones o la calidad del agua, o para posibilitar que los ciudadanos disfruten de una sanidad o una educación a la altura de sus expectativas en lo que a dotaciones se refiere, entre otras muchas implicaciones.

Por sí solas, las infraestructuras no son, lógicamente, suficientes para lograr el desarrollo de un territorio, pero no cabe duda de que son una condición indispensable. Como se apuntaba anteriormente, más allá del propio beneficio que generan en la sociedad, sus efectos son multiplicadores: para el mercado interno, porque en el caso de España hay abundante producción de productos como el hierro, el cemento la piedra o el asfalto, que ven incrementadas sus ventas de forma directamente proporcional al incremento de las inversiones en obra pública; por el empleo directo e indirecto que genera; por el retorno al erario público en forma de incremento de recaudaciones de impuestos y menores prestaciones por desempleo; por el crecimiento de la productividad general; o por la implicación del sector privado en su financiación, vía colaboración público-privada o por concesiones administrativas.

Por ello, con la caída de las licitaciones y adjudicaciones de obra pública, vertiginosa en el último lustro –la edificación empezó a ofrecer cifras negativas tres años antes-, la economía del país ha ido desmoronándose de forma intensa y paulatina, hasta que este año el país ha iniciado una, a todas luces lenta, remontada. Como muchos expertos han apuntado a lo largo de este durísimo periodo, el drástico recorte de las inversiones en infraestructuras necesarias en la fase baja del ciclo ha tenido un efecto brutal sobre la generación de riqueza y empleo, consecuencias que, probablemente, se podrían haber suavizado en parte de haberse aplicado los recortes en otros ámbitos menos generadores de crecimiento.

Ahora, con el inicio de la recuperación, también la obra pública tiene que ver la luz al final del túnel. Los presupuestos que se vayan aprobando en sucesivos ejercicios tienen que contemplar, de una forma definitiva, un esfuerzo inversor acorde a las necesidades de reactivación de la economía, que tiene que apostar decididamente por la obra civil, el mejor instrumento anticíclico. Y este esfuerzo en el papel se tiene que materializar, a posteriori, en una ejecución presupuestaria real; de lo contrario, más pólvora mojada para la recuperación.

Pero esta apuesta ha de destinarse, exclusivamente, a las obras realmente necesarias, aquellas que se hayan planificado bajo criterios de rentabilidad social y económica, para lo cual será imprescindible centrarse en unas y desdeñar otras, estableciendo un orden de prioridades por necesidad y, dentro de estas, por mayor o menor urgencia.

En cualquier caso, es difícil poner en duda que invertir en infraestructuras es uno de los mecanismos más eficaces de que dispone el sector público para propiciar que incrementen sus ingresos y aumenten el empleo y la productividad de un territorio y, como consecuencia de todo ello, la propia competitividad de una determinada economía.

 

Datos nacionales

 

Un reciente informe publicado por la patronal española de constructoras y concesionarias de infraestructuras, SEOPAN, en colaboración por la consultora A.T. Kearney, asegura que España necesita invertir un mínimo de 38.000 millones de euros anuales en infraestructuras durante una década, un plan de inversión que contribuiría a crear entre 500.000 y 750.000 empleos anuales y a generar actividad económica por valor de hasta un billón de euros. Se estima asimismo que el 50% de la inversión podría recuperarse vía retorno fiscal. Estas cifras suponen que el esfuerzo inversor debe superar al menos en un 72% el volumen anual destinado en la actualidad a infraestructuras; de lo contrario, “aumentará la brecha ya existente con los países del entorno”. Según la organización empresarial, el marco existente en la actualidad es ideal para la inversión: abundante liquidez en los mercados internacionales, apetito inversor en el área de infraestructuras por parte de los grandes fondos y planes de estímulo e inversión en os que apoyarse, un escenario que requiere, no obstante, el establecimiento de un marco regulatorio que preserve la seguridad jurídica y atraiga la inversión.

Se apunta en el estudio que, a pesar de la buena posición de España en ciertas infraestructuras de transporte, el país presenta importantes carencias en el mantenimiento de las infraestructuras actuales y en la red de transporte de mercancías e infraestructuras logísticas, así como en las redes secundarias y en accesibilidad y movilidad urbana. Asimismo, España presenta un gran déficit dotacional en infraestructuras y equipamientos ciudadanos, especialmente en agua, sanidad, educación, medio ambiente y telecomunicaciones, en comparación con países europeos del entorno como Alemania, Francia, Italia o Reino Unido.

 

Sevilla, objeto de análisis

 

La provincia de Sevilla, como la mayor parte del territorio nacional, tiene una serie de necesidades en materia de infraestructuras que debieran verse materializadas más pronto que tarde, en unos casos obras no iniciadas y en otros pendientes de culminación, sin olvidar la importancia de las tareas de conservación y mantenimiento de lo ya existente para evitar su deterioro y, consecuentemente, el requerimiento de inversiones adicionales.

En las siguientes páginas, se analizan en profundidad estas infraestructuras necesarias, entre las que sobresalen, por su especial trascendencia, la finalización de la SE-40, la continuación de la SE-45 o el desdoble de la N-IV en el capítulo de carreteras; el dragado de profundización del Guadalquivir; o el Eje Ferroviario Transversal andaluz y las líneas 2, 3 y 4 del Metro de Sevilla, además de la prolongación de la línea 1 hasta Dos Hermanas, en obras de ferrocarril y metro, entre otras muchas.

La provincia de Sevilla, como el resto de Andalucía, se encuentra entre las más castigadas por el desempleo y la destrucción de empresas, y un impulso a las infraestructuras necesarias, de la mano tanto del Estado como de la Comunidad, la Diputación y los propios Ayuntamientos, según obras y competencias, sería de vital importancia.

Sevilla es, además, un foco de atracción para el turismo tanto nacional como internacional, y la paulatina incorporación de infraestructuras tendría, con toda seguridad, un impacto positivo sobre el sector turístico y sobre la economía en general.

Es por ello que la Cámara de Sevilla, en su esfuerzo por poner en marcha iniciativas que favorezcan el dinamismo en la capital y su provincia, ha encargado la elaboración del informe ‘Infraestructuras necesarias en la provincia de Sevilla’, al objeto de llamar la atención de las administraciones sobre lo que es ineludible ejecutar de forma prioritaria en la próxima década, como paso indispensable para la convergencia hacia territorios más avanzados. Ai