“La política energética de la Junta es vanguardia en Europa”
José Sánchez Maldonado
Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
El primer programa de impulso a la construcción sostenible, puesto en marcha por la Junta la pasada primavera con una dotación de 150 millones de euros, se agotó en muy pocas semanas. Este éxito, esta buena acogida, ¿les anima a mantener la misma línea en futuros incentivos?
Sin duda, la respuesta de los andaluces y del propio sector empresarial de la construcción a este Programa ha sido rotunda. Los 150 millones de euros de incentivos se agotaron en apenas dos meses, lo que indica que la demanda de este tipo de actuaciones es una realidad y que debemos aprovechar el interés existente, tanto para mejorar nuestros estándares energéticos, como para dinamizar este sector, especialmente afectado por la crisis económica y por el desempleo.
Los primeros cálculos efectuados por la Agencia Andaluza de la Energía, la entidad gestora de este Programa, arrojan unos resultados muy positivos: más de 7.000 empresas colaboradoras en todo nuestro territorio, más de 30.000 actuaciones en marcha que movilizarán 218 millones de inversión, la creación o mantenimiento de cerca de 18.000 puestos de trabajo y la reducción de la factura energética de hogares y empresas andaluzas en más de 310 millones de euros.
En la actualidad, estamos trabajando para evaluar los resultados definitivos de esta convocatoria y conocer con exactitud cuál ha sido su contribución a la reactivación del sector de la construcción.
¿Para cuándo nuevos fondos para este plan, tan esperados tanto por los beneficiarios de las actuaciones como por las empresas colaboradoras? ¿Esperan una aportación importante por parte de la Unión Europea?
Sobre nuevos fondos, la presidenta de la Junta de Andalucía anunció en el Debate del Estado de la Comunidad el II Plan para la Construcción Sostenible, por lo que se dará continuidad a la primera fase del Plan tras la buena acogida por el sector. Además, el nuevo Marco de Apoyo Comunitario incluye entre sus ejes prioritarios el de la construcción sostenible y la eficiencia energética, por lo que la continuidad no sólo está garantizada sino que demuestra que la política energética de la Junta es vanguardia en Europa.
Actualmente, estamos trabajando en el diseño del nuevo Programa Operativo para el período 2014-2020 y negociando con la Comisión Europea cuáles son nuestras principales áreas de especialización regional, para focalizar los esfuerzos financieros comunitarios y nacionales en impulsar aquellos sectores con potencial de crecimiento, a través del aprovechamiento de los recursos propios de cada territorio.
Con este motivo, estamos manteniendo encuentros con la Comisión Europea y otras instituciones europeas, a los que mostramos el Programa de Construcción Sostenible como una fórmula idónea para que el ahorro, la eficiencia energética y la utilización de fuentes renovables, constituyan un verdadero motor de nuestra economía. La receptividad sobre nuestras propuestas está siendo muy alta y confiamos en que, efectivamente, podamos liderar desde Andalucía esta área de especialización. Tenemos capacidad y no faltarán recursos para ello.
Además de este programa, ¿qué otras iniciativas tienen en marcha en su consejería para contribuir al desarrollo energético sostenible de la Comunidad?
Contamos con el Programa para el Desarrollo Energético Sostenible ‘Andalucía A+’, que es el instrumento de financiación gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía para incentivar la adopción de medidas de mejora energética.
La convocatoria está aún abierta y pueden acceder a este programa ciudadanos, empresas, administraciones públicas e instituciones que realicen actuaciones como estudios energéticos y difusión, instalaciones de aprovechamiento energético, instalaciones de energías renovables y mejora de la infraestructura energética, entre otros.
La Consejería ha apoyado, desde que se puso en marcha este instrumento en febrero de 2009 hasta junio de 2014, más de 86.000 proyectos que movilizarán en la región una inversión superior a los 1.200 millones de euros.
Asimismo, el Gobierno andaluz tiene puestos a disposición de las empresas, distintos fondos reembolsables para facilitar el acceso a la financiación y el crédito en las mejores condiciones posibles. Actualmente, existen alternativas personalizadas a cada necesidad y cada sector, por lo que recomiendo acceder a la información detallada a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
¿Cómo definiría la Estrategia Energética de Andalucía 2014-2020 y el Informe de Sostenibilidad Ambiental de la misma? ¿En qué medida contribuirá al nuevo modelo de desarrollo andaluz?
Para definir la Estrategia con exactitud, me gustaría recurrir a dos principios. En primer lugar, coherencia. Coherencia con lo que hemos venido desarrollando en materia energética desde las primeras planificaciones sectoriales -Plan Energético de Andalucía (2003-2006) y Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (2007 – 2013)-. Y también coherencia con el resto de políticas económicas y sectoriales de la Junta de Andalucía, siguiendo siempre la ruta que marca la política europea.
En segundo lugar, participación. En el proceso de elaboración de esta hoja de ruta hemos atendido a todos los protagonistas del sistema energético. Como resultado del proceso, los retos que se plantea Andalucía en este ámbito son claros: alcanzar un sistema energético suficiente, poner la energía al servicio de la sociedad, la ciudadanía y de los sectores productivos, y aprovechar la innovación energética como oportunidad para nuestra región.
Y me gustaría destacar la fortaleza empresarial generada en torno a este sector, formado por unas 7.000 empresas, de las que más de 1.000 son de energías renovables, subsector que, según nuestros últimos datos, más contribuye a los 125.000 empleos asociados a nuestro sector energético.
Asimismo, en términos económicos las actuaciones previstas contribuirán decididamente a la reducción de la factura energética de empresas y ciudadanos, mejorando su poder adquisitivo y competitividad, respectivamente.
En esa misma línea apunta el Informe de Sostenibilidad Ambiental que concluye que, a escala global, la Estrategia tendrá un carácter positivo sobre el cambio climático, al contribuir a la descarbonización de la economía y la sociedad andaluza.
El cumplimiento de las exigencias europeas en materia de eficiencia energética en las nuevas edificaciones depende directamente de los promotores, obligados a ejecutar determinadas actuaciones; pero en el terreno del parque inmobiliario existente, ¿hay voluntad por parte de los propietarios por abordar la renovación de sus inmuebles? ¿Perciben la rehabilitación energética como una inversión que otorga un valor añadido a los mismos?
La experiencia que nos ofrecen los resultados obtenidos en los distintos programas de incentivos impulsados por la Junta de Andalucía, y de los que el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible es un claro ejemplo, evidencian un gran interés por parte de ciudadanos y empresas en acometer actuaciones energéticas en sus inmuebles, tanto de su epidermis como de sus instalaciones energéticas.
Es interesante destacar el concepto del ‘coste del ciclo de vida’. Por ejemplo, unas nuevas ventanas más eficientes tendrán una vida útil de más de 20 años, y su coste para los ciudadanos será mucho menor al ahorro económico que obtendrán. Por estas estimaciones económicas asociadas al ‘coste del ciclo de vida’ son por las que los ciudadanos y las empresas invierten en la rehabilitación energética de sus viviendas y edificios.
No podemos olvidar el Real Decreto 235/2013, a partir de cuya publicación, los edificios, o partes de los mismos, que se construyan, vendan o alquilen deben disponer de una certificación energética, lo que permitirá conocer de antemano los posibles consumos energéticos.
¿Predica la Junta de Andalucía con el ejemplo en los edificios públicos, tanto nuevos como existentes, en materia de eficiencia energética?
La Junta de Andalucía cuenta con la Red de Energía de la Administración andaluza (REDEJA), una herramienta pionera a nivel nacional, que permite a la Administración regional abanderar el cambio estructural hacia un modelo energético más sostenible, incorporando entre otras medidas de ahorro, la gestión de su patrimonio de edificios públicos.
Sólo en los dos últimos años y medio, ha posibilitado un ahorro en el consumo de energía de más de 22,5 millones de euros, gracias a una gestión centralizada y profesionalizada de todos los suministros eléctricos de la Junta de Andalucía.
Desde su creación, REDEJA también ha realizado más de 800 auditorías e inventarios energéticos en edificios públicos como centros de salud, residencias de mayores e institutos de educación secundaria, entre otros, identificando un potencial de ahorro anual de 15 millones de euros.
Además, se han supervisado hasta 22 proyectos de ejecución de centros de consumo, con la consecuente mejora de la calificación energética, reduciendo las emisiones de CO2 en 5.100 toneladas anuales, lo que equivale a la retirada de la circulación de 2.150 vehículos.
La Junta además cuenta con otro instrumento para mejorar el suministro de electricidad mediante la supervisión y seguimiento del estado de las instalaciones más importantes de la red de distribución. Se trata del Plan de Verano cuyo objetivo es anticiparse al posible crecimiento del consumo de energía eléctrica durante los meses con temperaturas más elevadas, y que se desarrolla a través del Centro de Evaluación y Seguimiento Energético de Andalucía (CESEA) con la colaboración de la empresa distribuidora, Endesa. En este sentido, Andalucía ha registrado este verano un 21% menos de cortes del suministro de electricidad respecto al año anterior, lo que se traduce en un 14% menos de consumidores afectados
¿Qué papel están jugando diferentes fuentes renovables como la fotovoltaica, la mini y micro-eólica o la biomasa en la edificación?
En la actualidad, la energía solar térmica y la biomasa son las que tienen un mayor aprovechamiento térmico en Andalucía, y hoy día contamos con una superficie de instalaciones de energía solar térmica de 908.118 metros cuadrados. En cuanto a la biomasa para usos térmicos, el sector residencial acaparó en 2013 el 47% del total de energía térmica procedente de la biomasa, lo que equivale a la calefacción y agua caliente que consumen 1 millón de hogares.
En paralelo, en los últimos años se han llevado a cabo instalaciones fotovoltaicas conectadas a red integradas en los edificios, tanto públicos como privados. Existen más de 2.650 edificios que tienen este tipo de instalaciones.
No obstante, la Junta ha elevado al Tribunal Constitucionalidad tres recursos de inconstitucionalidad por las diferentes normativas aprobadas por el Ejecutivo central que, en el caso de Andalucía han llevado al traste a 950 proyectos de energía renovables, con una inversión de 12.000 millones de euros y que han impedido por ahora la creación de más de 48.000 empleos.
¿Es rentable la apuesta por el autoconsumo con la normativa actual en materia energética?
En la actualidad, las instalaciones que se conectan en autoconsumo consumen toda la energía que generan y la sobrante es vertida a la red eléctrica a precio de mercado. En Andalucía, donde gozamos de más horas de sol, ya se ha alcanzado la denominada ‘paridad de red’, por lo que ya es igual, o incluso más ventajoso, generar y autoconsumir la electricidad de origen fotovoltaico, que comprar la electricidad de la red. Por tanto, el autoconsumo sería económicamente rentable.
No obstante, el último borrador conocido sobre la normativa de autoconsumo, que aún debe publicar el Gobierno de la Nación, establece el llamado ‘peaje de respaldo’. Esto significaría gravar incluso la electricidad autoconsumida, lo que supondría un verdadero atropello al concepto de autoconsumo y a la posibilidad de que el ciudadano haga uso libre de un derecho. Sería poner un ‘peaje al sol’ que hará prácticamente inviable las instalaciones de autoconsumo.
Por ello, si se mantiene el ‘peaje de respaldo’ en las condiciones conocidas, se certificará una nueva pérdida de oportunidad para mejorar la eficiencia del sector eléctrico español y se imposibilitará, sobre todo, poder reducir la factura eléctrica a los ciudadanos y la capacidad de mejorar la competitividad empresarial en nuestro país. Ai