“La nueva Ley del Suelo tendrá un objetivo básico: la simplificación de los procedimientos y propiciar la generación de empleo”

Marifrán Carazo Villalonga
Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio

Nacida en Valladolid en 1977 aunque granadina de adopción, Marifrán Carazo es diplomada en Óptica y Optometría y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, especialidad Ciencias Políticas, por la Universidad de Granada.
Tras ocupar diferentes cargos de relevancia en el Partido Popular, al que se afilió en 1996, entre 2007 y 2012 fue concejal en el Ayuntamiento de Granada y posteriormente Parlamentaria, desde las elecciones autonómicas de 2012, ostentando la portavocía de Educación del PP en el Parlamento Andaluz cuando fue designada como consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en el nuevo gobierno de Juan Manuel Moreno. Asumió tal designación como “un reto muy interesante”, al ubicarla al frente de una Consejería desde la que “se puede hacer mucho por Andalucía”.

En sus primeros meses en el cargo asegura que “ha habido de todo”, destacando la satisfacción por la disposición mostrada por los empleados de la institución para trabajar y sacar adelante proyectos.
Entre las iniciativas que más subraya de este periodo remarca el empeño del equipo que lidera en simplificar los trámites urbanísticos, activar obras paralizadas y empezar a trabajar en el nuevo Plan de Infraestructuras y el de Vivienda.
Además, a lo largo de esta entrevista aborda otras muchas cuestiones de interés para el lector de Ai, como la opinión favorable a la fórmula de financiación público-privada, la situación de las actuaciones de conservación de las carreteras, los planes para los puertos, la red logística y las infraestructuras ferroviarias, la nueva Ley del Suelo sobre la que se acaba de empezar a trabajar, los principales problemas del urbanismo andaluz, la solución para las 300.000 viviendas alegales que hay en Andalucía o las actuaciones en materia de vivienda y movilidad sostenible, entre otros asuntos.

Llegó a su actual cargo al frente de la Consejería de Fomento tras haber sido portavoz de su Grupo en el Parlamento en materia de Educación desde 2012. ¿Ha sido satisfactorio el cambio?
La verdad es que sí. Aunque me sigue interesando mucho el tema de Educación, que considero vital para el futuro de Andalucía y sus nuevas generaciones, hacerme cargo de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, con lo fundamental que es esta consejería para el desarrollo de nuestra tierra y para la creación de empleo en la comunidad, me parece un reto muy interesante. Desde esta Consejería se puede hacer mucho por Andalucía.
Agradezco a nuestro presidente, Juanma Moreno, la confianza que ha depositado en mí al ponerme al frente de una consejería con tanta responsabilidad.

¿Qué valoración haría de la gestión realizada en estos primeros meses y qué ha sido hasta la fecha lo más y lo menos grato que ha tenido que afrontar?
Ha habido de todo. Lo mejor ha sido, sin duda, la disposición que han mostrado muchos de los funcionarios y demás empleados de la Consejería a trabajar, su empeño en sacar adelante proyectos que beneficiarán a todos los andaluces.

Respecto a lo menos bueno, tengo que decir que, desgraciadamente, hay donde elegir. Los socialistas nos han dejado la Consejería en una situación económica desastrosa: una deuda de más de mil millones de euros en las agencias a los que tenemos que hacer frente; 579 millones de euros de traspasos sin ejecutar o los pagos de sentencias por decisiones injustificables, entre ellas 162,5 millones del metro de Sevilla. Además, nos hemos encontrado proyectos paralizados, otros olvidados en un cajón, contratos de conservación de carreteras sin renovar y proyectos financiados con Fondos Feder que finalizan en 2020 y de los cuales sólo estaban ejecutados el 21%, con el riesgo que supone.

¿Han finalizado ya las auditorías de las tres agencias públicas de su consejería, Obra, Vivienda y Puertos?
No, como informó el consejero de Hacienda, hasta ahora contamos con el informe realizado por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre doce agencias públicas empresariales, entre ellas las tres agencias que dependen de esta Consejería, AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía), APPA (Agencia Pública de Puertos de Andalucía) y AOPJA (Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía), pero seguimos trabajando para definir aquellas áreas en las que podemos mejorar la gestión de estas agencias. En nuestro caso sí le puedo decir que los trabajadores de esas agencias trabajan, tienen unas funciones bien definidas y tienen empeño en hacerlo bien.

¿Cómo calificaría las relaciones entre su Consejería y los ayuntamientos, por un lado, y los empresarios y profesionales, por otro?
Pues bastante buenas, la verdad. He mantenido varias reuniones con alcaldes y representantes de municipios andaluces y lo cierto es que hay buena disposición de unos y otros. De hecho, hemos firmado convenios con cientos de ayuntamientos, gobernados por todas las fuerzas políticas, para que gestionen las ayudas del plan de la Consejería para la mejora de vivienda.
Lo mismo le puedo decir respecto a los profesionales y empresarios, me he reunido con varios representantes del sector de la construcción, con asociaciones de empresarios y colectivos profesionales y todos han mostrado su satisfacción por el empeño que estamos poniendo en sacar adelante iniciativas como la simplificación de los trámites urbanísticos, activar obras que estaban paralizadas o empezar a trabajar en el nuevo Plan de Infraestructuras y el de Vivienda, que confiamos será un revulsivo para la creación de empleo.

En estos meses ha insistido mucho en las sentencias multimillonarias que han ‘heredado’ como las del Metro de Sevilla o la del Caso Nevada, o los millones comprometidos para pagar en las próximas décadas. ¿En qué medida está atada la capacidad inversora de su Consejería y cuál es su margen de maniobra?
Pues nos condiciona y mucho. Parte del presupuesto que tenemos asignado tiene que ir a pagar esas deudas y eso, lógicamente, nos reduce las cantidades para invertir en nuevas obras. Fíjese si nos condiciona a la hora de ejecutar los presupuestos que con los 162 millones de euros que tenemos que pagar del Metro nos daría para construir en torno a 16 kilómetros de autovía o 25 de una carretera convencional. Nos han dejado una pesada deuda, una hipoteca que va a restar las posibilidades de actuación de este Gobierno y de los próximos gobiernos durante muchos años.

¿Qué líneas son prioritarias en materia de inversión en obra pública en los presupuestos?
Nuestro presupuesto para 2019 supera los 950 millones de euros, lo que supone un 2,8% más que en el ejercicio de 2018. Las inversiones reales y las transferencias de capital se incrementan hasta los 513 millones y hay partidas importantes para la conservación de carreteras, 133 millones, y las actuaciones en materia de vivienda, que cuentan con 274 millones. Nuestro objetivo fundamental es sacar adelante obras que estaban paradas y nuevos proyectos que ayuden a vertebrar Andalucía.

¿Qué obras de gran calado tienen previsto desbloquear de las actualmente paralizadas o con excesivos retrasos?
Hay muchas, pero entre ellas destacaría la necesidad de desbloquear la autovía del Almanzora; la ejecución del Metro del Málaga; la autovía Málaga-Ronda-Campillos; actualizar los proyectos de las líneas 2, 3 y 4 del metro de Sevilla para completar la red; impulsar el tranvía de Alcalá de Guadaíra y el Acceso Norte a Sevilla o la autovía del Olivar en la provincia de Jaén y Córdoba; la mejora de la conexión de Alhama con la Axarquía, en Granada; mejorar los accesos a las playas en Huelva y poner en servicio el tranvía de la Bahía de Cádiz.

En estos momentos están redactando el Plan de Infraestructuras 2021-2027, ¿cuáles serán las piedras angulares sobre las que gire?
Acabamos de empezar a trabajar en el plan, que esperamos que a final de 2020 esté en tramitación. Será un plan que recogerá las infraestructuras más necesarias, unas infraestructuras del siglo XXI y que tengan en cuenta el nuevo escenario económico y que en los fondos europeos ya no se apuesta tanto por grandes infraestructuras, sino por actuaciones que faciliten la intermodalidad del transporte y que reduzcan el impacto sobre el medioambiente.

¿En qué medida prevén atraer participación empresarial para poner en marcha proyectos de dicho Plan por la vía de la colaboración público-privada?
Nosotros creemos en la colaboración público-privada como un método complementario para acometer obras de infraestructuras, como una alternativa de financiación y gestión de infraestructuras y servicios públicos que nos permitirá, con el debido control, aumentar las inversiones y acometer proyectos ante un panorama de limitaciones presupuestarias. Creemos que la iniciativa también puede ser muy atractiva para las empresas porque les permitirá acometer importantes proyectos y desarrollarse. Estamos trabajando en un modelo que nos permita desarrollar este método con la suficiente seguridad jurídica tanto para las empresas como para la Junta y que beneficie a todos los andaluces.

¿En qué situación están los contratos de conservación de carreteras y cuáles son las previsiones al respecto, teniendo en cuenta su prioridad por ser esenciales para la seguridad al volante?
Cuando llegamos a la Consejería nos encontramos con que la mayoría de los contratos de conservación, 32 de 35, estaban vencidos. Nos pareció sorprendente, porque demostraba una dejadez brutal del anterior Gobierno en algo que es esencial: la seguridad vial. Para paliar la situación tuvimos que recurrir a los contratos de emergencia, porque ya no había posibilidades de prorrogar los existentes, para poder seguir haciendo labores de conservación en las carreteras andaluzas. Nosotros hemos sacado a concurso de nuevo esos contratos de conservación, que suman 55 millones de euros, y confiamos en que a final de año todo vuelva a la normalidad.

¿Qué planes tiene para los Puertos y la red logística? ¿Y para las infraestructuras ferroviarias?
Los puertos, las redes logísticas y la red ferroviaria son infraestructuras fundamentales para el desarrollo económico de nuestra tierra, porque si no tenemos una buena red de transporte de mercancías nuestras empresas no podrán desarrollarse y perderemos oportunidades de crear empleo. Por ello, hemos dado ya los primeros pasos para reactivar el Puerto Seco de Antequera, un proyecto que se anunció hace más de una década pero cuya tramitación ha sufrido varios parones; hemos puesto en marcha la tramitación de una primera fase cuyas obras esperamos comiencen a final de este año e iniciado la planificación para la segunda fase de un proyecto que creará en torno a 7.000 empleos. También seguimos trabajando por el desarrollo del parque logístico de Córdoba y por la zona logística del puerto de Motril, en Granada.
En paralelo estamos acometiendo mejoras en muchos de nuestros puertos para que estén en las mejores condiciones para impulsar su actividad. Una comunidad como la nuestra tiene que aprovechar el potencial que nos ofrecen tantos kilómetros de costa y unas instalaciones portuarias que son una puerta de entrada al desarrollo y a la expansión de nuestra economía.
En materia de infraestructuras ferroviarias, nuestras competencias son más limitadas, pero reclamaremos al Gobierno de España que acometa las actuaciones previstas, algunas de ellas, como el nuevo acceso ferroviario al puerto de Sevilla, pendientes desde hace años, porque hay que recordar que Andalucía es parte fundamental de dos corredores ferroviarios, el atlántico y el mediterráneo, declarados prioritarios por la Unión Europea.

Recientemente habló en un foro público de la maraña legal que soporta el urbanismo andaluz, con hasta 235 textos legales a los que debe atenerse cualquier intervención sobre el territorio. ¿Es posible acabar con esta situación o al menos mejorarla?
Claro que es posible. Estamos convencidos de que con una legislación clara, sencilla, se puede hacer mucho por resolver esa maraña urbanística. De momento, y a la espera de la nueva Ley del Suelo en la que ya estamos trabajando, hemos aprobado seis nuevas instrucciones, cinco que van a reducir los plazos y los trámites urbanísticos y una sexta dirigida a las viviendas irregulares.

Respecto a esa nueva Ley del Suelo para la región, ¿qué plazos barajan, cuáles son sus principales objetivos y cuáles las medidas previstas para alcanzarlos?
Hemos empezado a trabajar en la nueva Ley del Suelo, por lo que hablar de plazos es prematuro, pero sí le puedo decir que queremos tenerla cuanto antes porque creemos fundamental tener una ley que de verdad atienda y resuelva las necesidades que nuestra tierra tiene en materia urbanística.
Será una ley que vendrá a paliar los problemas actuales y a poner las bases para un desarrollo urbanístico que sirva para preservar el interés general y poner las bases de un futuro lleno de oportunidades para los andaluces. La nueva Ley tendrá un objetivo básico: la simplificación de los procedimientos y propiciar la generación de empleo.

¿Cuáles son a su juicio los principales problemas que vendrá a resolver?
La nueva Ley acabará con la dispersión legislativa existente que ha generado tensiones urbanísticas innecesarias, con la eternización de los trámites de muchos planes de ordenación urbana. Le recuerdo que nos hemos encontrado en torno a 300 planes atascados, 300 municipios que no podían poner en marcha iniciativas para paliar las necesidades de viviendas, de colegios y de otras instalaciones que demandan sus vecinos y donde la instalación de una empresa que generase empleo era toda una odisea.
Queremos que la nueva Ley del Suelo acabe con esa situación, porque hasta ahora el exceso normativo, la falta de una tramitación ágil y clara, lo que ha hecho ha sido frenar el futuro de nuestros pueblos, de Andalucía, y eso no puede ser.

En paralelo pues están aprobando esas medidas urgentes que nos ha mencionado para simplificar los trámites urbanísticos y lograr el desbloqueo de esos cientos de planes generales que nos comenta que están actualmente atascados. ¿Podría especificarnos estas medidas?
En los primeros tres meses de este Gobierno del cambio, la Consejería de Fomento ha aprobado cinco instrucciones que creemos que agilizarán la tramitación de los planes urbanísticos: la primera facilitará la resolución de las deficiencias que motiven la suspensión del proceso de aprobación de los planes; la segunda, acorta de un mes a diez días hábiles el plazo para admitir a trámite los planes generales; la tercera, suprime las aprobaciones provisionales en planes parciales y en las modificaciones no estructurales de los PGOUs, una medida que acorta la tramitación urbanística como mínimo en dos meses; la cuarta, descarga de contenido innecesario los planes generales, eliminando todos los detalles que corresponden a los planes de desarrollo posterior; y la quinta viene a aclarar cuestiones sobre la densidad de la vivienda.

¿Es posible encontrar alguna solución para las viviendas irregulares en suelo no urbanizable?
Hay que hacerlo, porque se estima que hay en torno a 300.000 viviendas alegales distribuidas por toda Andalucía y eso supone un problema urbanístico y medioambiental, pero sobre todo que muchas familias no pueden acceder legalmente al agua corriente o la luz. Son viviendas que pueden tener más de treinta o cuarenta años y cuyos propietarios llevan años reclamando soluciones a sus ayuntamientos y a la propia Junta, pero a los que en vez de darle una respuesta se les ha mareado con diversas modificaciones normativas que al final no han tenido el resultado deseado. El Gobierno del cambio en Andalucía trabaja para dar una solución a estas familias. Vamos a permitir el acceso de esos propietarios al régimen de Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO), permitiendo el acceso, siempre que se cumplan todas las garantías legales, al Registro de la Propiedad y a los servicios mínimos necesarios, adoptando las medidas correctoras precisas para minimizar el impacto ambiental de esas actuaciones.

En relación con la vivienda, ¿han realizado un balance de ejecución del aún vigente Plan de la Junta?
Sí, y la verdad es que ha sido dramático comprobar cómo los anteriores gobiernos han desaprovechado las posibilidades que presentaba ese plan para solventar algo que es tan básico como el derecho de los ciudadanos a contar con una vivienda digna.
Les pongo algunos ejemplos: el anterior Gobierno no ejecutó ninguna de las actuaciones incluidas en el programa de Fomento del Parque Público de Vivienda en alquiler; el programa de ayudas a la adquisición de viviendas acumula un retraso de ocho años y en materia de actuaciones para eliminar infravivienda no se ha ejecutado ni un euro de los 18 millones de euros previstos en el plan para los años 2017 y 2018. Nosotros vamos a revertir esa situación con un nuevo plan de vivienda, el Plan Vive en Andalucía.

¿Qué actuaciones están llevando a cabo en relación con el mismo?
Actualmente tenemos en marcha la convocatoria para la concesión de las subvenciones para la rehabilitación de hasta 3.400 viviendas para 2019 y 2020, que estará dotada con 25 millones de euros correspondientes a fondos del Estado y 12,6 millones de la Junta. También hemos activado el programa de rehabilitación autonómica de vivienda y hemos firmado 372 convenios con ayuntamientos para ayudar a la mejora de la accesibilidad o la eficiencia energética de los edificios, un programa del que se estima que podrán beneficiarse más de 3.000 viviendas. Junto a ello hemos desatascado proyectos de rehabilitación singular e impulsado el de adecuación funcional básica de viviendas.

¿Cuáles serán los ejes de su nuevo plan y qué carencias considera que resuelve respecto del actual?
El Plan Vive en Andalucía 2020-2030 marcará una línea de actuación nueva, sensata, realista, para hacer realidad el derecho a una vivienda digna que tienen los andaluces y promover ciudades más humanas con una visión integral sostenible. Será un plan de vivienda concertado fundamentalmente con las corporaciones locales, con el Ministerio de Fomento pero también con los promotores privados, con las entidades financieras (sin ellas difícilmente podremos acometer actuaciones), con los colectivos profesionales y con el tercer sector. Ese plan tendrá cuatro ejes fundamentales: acceso a la vivienda, rehabilitación de viviendas y renovación urbana, actuar para paliar la vulnerabilidad residencial y la agenda urbana 2030.

¿Necesita Andalucía vivienda protegida, ya sea nueva o rehabilitada?
Claro que sí. Nuestro plan hará que, por primera vez desde hace años, se construyan viviendas protegidas. Se prevé que entre 2020 y 2024 se creen 40.000 viviendas nuevas o procedentes de rehabilitación, en venta y alquiler (de ellas 20.000 para jóvenes).
Serán viviendas de promoción pública (VPP) sociales en alquiler, de promoción autonómica (VPA) con precio asequible dentro del Plan Primera Vivienda y medidas para garantizar el acceso al alquiler asequible. Queremos construir viviendas protegidas para paliar la gran demanda insatisfecha, porque sólo en las peticiones activas en los registros de demandantes de viviendas hay inscritos alrededor de 70.000 andaluces.

Para concluir, en relación con el ámbito de la movilidad, ¿con qué acciones van a promover la sostenibilidad en la región?
El nuevo plan de infraestructuras 2020-2027 incluirá actuaciones relacionadas de una forma directa con el desarrollo de iniciativas en materias de movilidad y transportes que faciliten las comunicaciones entre las provincias y territorios de Andalucía, así como en sus entornos urbanos.
Vamos a apostar por la eficacia y eficiencia del sistema intermodal de transportes, por la coordinación de metros y autobuses, por la construcción de plataformas reservadas y por la potenciación de los viajes en bicicleta.
Actualmente se están culminando los Planes de Transportes Metropolitanos y Planes de Movilidad Sostenible de todas las aglomeraciones urbanas de Andalucía, que definirán más las actuaciones a desarrollar, pero tenemos claro que vamos a avanzar en el desarrollo de la red de metro de Sevilla con la actualización de los proyectos constructivos de las líneas 2, 3 y 4; que en Málaga nos vamos a centrar en terminar el tramo que discurre por el centro y los dos tramos en ejecución (Renfe-Guadalmedina y Guadalmedina-Atarazanas); y respecto al metro de Granada trabajamos en la consolidación y mejora del servicio comercial de la línea en servicio, a la espera de que el plan de movilidad del área metropolitana defina su posible ampliación.
También seguimos empeñados en poner en servicio a la mayor brevedad el tranvía de la Bahía de Cádiz y el de Jaén, así como en activar la obra del tranvía de Alcalá de Guadaíra.
Junto a ello queremos avanzar en la intermodalidad del transporte y potenciar los carriles VAO, sin olvidar actuaciones que potencien el uso de la bicicleta, porque sabemos que el futuro pasa por una movilidad sostenible y vamos a trabajar por ello. Ai

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *