¿Qué incidencia tiene la solicitud de nulidad de condiciones generales de contratación de créditos hipotecarios en los procedimientos de ejecución hipotecaria por falta de pago?

Por Manuel Sillero Onorato

 

La actual dinamización de reclamaciones de nulidad de las condiciones generales de contratación aplicadas de modo generalizado por algunas entidades financieras en los créditos hipotecarios tiene indudablemente repercusión en aquellos procedimientos judiciales en los que la entidad se constituye como ejecutante ante el caso de impago del prestatario.

Las nulidades instadas actualmente suelen abarcar distintas causas siendo las habituales las nulidades de la asunción de gastos, los excesivos intereses moratorios, los intereses mínimos o cláusulas suelo y el vencimiento anticipado.

Si acudimos a las causas contempladas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) como motivos de oposición ante la ejecución hipotecaria, la demanda por nulidad de las cláusulas hipotecarias no constan entre las consideradas como supuestos que constituyen causa de prejudicialidad y que pueden provocar, conjuntamente con la prejudicialidad penal, la suspensión de la ejecución hipotecaria de los artículos 695 y 696 de la LEC.

Dejando al margen la cuestión de la nulidad de la cláusula del vencimiento anticipado, las demandas de nulidad de las cláusulas de intereses moratorios, mínimo de intereses y gastos hipotecarios, se consideran que constituyen una oposición de fondo que no ha de ser resuelta en el procedimiento de ejecución hipotecaria, el cual tiene la naturaleza de vía de apremio, debiendo por tanto ser resuelta en procedimiento distinto conforme dispone el artículo 698 de la LEC.

En tal caso, únicamente podría solicitarse en el procedimiento de ejecución hipotecaria que se garantizase la efectividad de la eventual sentencia estimatoria de las nulidades pretendidas mediante retención de todo o parte de la cantidad resultante de la ejecución, o su oportuno afianzamiento.

De este modo, en el caso de prosperar la acción de nulidad el ejecutado sólo podría resarcirse respecto aquellas cantidades ejecutadas indebidamente conforme a la declaración de nulidad pero no habría podido paralizar la ejecución hipotecaria.

Cuestión distinta es la atinente a la solicitud de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado pues, si bien pudiera ser dable aplicar la misma reflexión antes dicha, ha de atenderse a los criterios mantenidos por el Tribunal de Justicia de la unión Europea (en adelante TJUE) respecto la interpretación de la Directiva 93/13/CE, de protección a los consumidores, para llegar a distinta conclusión.

Así, el TJUE ha declarado que es contrario a la citada Directiva la regulación contenida en nuestro derecho por la que durante el procedimiento de ejecución hipotecaria no se atribuye al juzgador el análisis de las eventuales cláusulas abusivas, así como la posibilidad de la eventual suspensión del procedimiento de ejecución.

Al hilo de la interpretación del TJUE, se promulgó la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, por la que se habilitaba, mediante la modificación del artículo 695 de la Lec entre otros, la posibilidad de oponer en el procedimiento de ejecución la existencia de cláusulas abusivas siempre y cuando la misma constituyese fundamento de la ejecución o condicionase la cuantía de la misma.

Esta oposición, claro está, habría de alegarse en el plazo señalado de modo expreso para presentar oposición a la ejecución decayendo el derecho en caso de no plantearse en el momento procesal oportuno.

Frente a ello, criterio reciente del TJUE ha sido considerar que el juez que conozca de la ejecución hipotecaria puede apreciar la existencia de cláusulas abusivas en cualquier momento, una vez tenga elementos suficientes para ello, sin que se explicite limitación temporal alguna.

Así mismo, no se constriñe la causa u origen del conocimiento o aportación de los referidos elementos por lo que es admitido que sea el propio ejecutado el que, incluso en momento posterior al plazo establecido para formular oposición a la ejecución, alegue la eventual existencia de cláusulas abusivas.

Es por ello que el ejecutado hipotecario, frente a un procedimiento de ejecución, puede solicitar la apreciación de cláusulas viciadas de nulidad en cualquier momento o, como alternativa que puede provocar una mayor dilación procedimental, interponer el procedimiento declarativo que corresponda contra las cláusulas y, posteriormente, solicitar la declaración de litispendencia ante el juzgado que conozca de la ejecución.

Y tratándose de la cláusula de vencimiento anticipado, la negativa a la paralización de la ejecución puede afectar, no sólo al principio de seguridad jurídica por las eventuales resoluciones contradictorias que pudiesen dictar el juzgado de ejecución y el que resuelva el procedimiento declarativo, sino también, y con mayor relevancia si cabe, a la necesaria protección efectiva del consumidor que podría verse privado de su vivienda pese a que con posterioridad se declarase la nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado que sirvió de fundamento y justificación para la ejecución hipotecaria.

Por lo expuesto, como ya ha sucedido en varios juzgados y sobre la base de la argumentación antes expuesta, en una interpretación integradora del procedimiento de ejecución y el declarativo de nulidad, es apreciable la litispendencia y la suspensión de la ejecución, al menos hasta que se produzca resolución firme en el procedimiento declarativo, para el caso de ser desestimatorio de nulidad, y el archivo de la ejecución para el supuesto de estimación de la nulidad.

Pese a que es una cuestión más controvertida, consideramos que la existencia de una cláusula de intereses mínimo, la popular cláusula suelo, hubiera de ser igualmente justificación suficiente para la determinación de la litispendencia y/o paralización de la ejecución, toda vez que su aplicación habrá determinado la cantidad adeudada y por tanto podría considerarse encuadrado en los supuestos del artículo 695.1.4º como motivo de oposición.

 

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