“Es el momento de empezar a diseñar el futuro de la construcción en nuestra comunidad”

 Francisco Carmona Castejón

Presidente de FADECO Contratistas

 

Nacido en Córdoba, casado y padre de tres hijos, Francisco Carmona Castejón es desde el pasado mes de mayo el presidente de FADECO Contratistas. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, ejerce como Letrado desde noviembre de 1983. Desde 1989 es el gerente-secretario general de CONSTRUCOR, la patronal de los constructores cordobeses, y es además miembro del Consejo de Gobierno de la Confederación Nacional de la Construcción y de su Comisión de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, entre otros muchos organismos. Participó en la negociación del primer Acuerdo Estatal Sectorial de la Construcción y en todos los Convenios Generales del Sector. Además, es ponente habitual en seminDSC_0858arios, mesas redondas, jornadas técnicas y foros sobre temas relacionados con la construcción y la edificación residencial.

De ideas muy claras y argumentos firmes y razonados, Francisco Carmona llega dispuesto a ‘pelear’ duro por conseguir sus objetivos al frente de la Federación, entre los que destacan la potenciación de los servicios prestados a las empresas y el fortalecimiento de la integración de sus miembros. Desde el punto de vista de la situación del sector, se muestra especialmente combativo con el asunto de la deuda de la Administración con los empresarios y con la “necesidad de corregir determinadas prácticas que restringen el principio de libre concurrencia y limitan la competencia”, perjudicando a las empresas andaluzas en el acceso a determinadas obras. Se muestra desencantado con las medidas puestas en marcha hasta la fecha por la Junta de Andalucía en materia de rehabilitación energética, “que se limitan básicamente a sustituir ventanas”. Asegura que estas iniciativas, tal como han sido concebidas, “no van a servir para revitalizar la actividad de la construcción”.

 

 

 

¿Qué representa, tanto para usted como para FADECO CONTRATISTAS, su reciente elección como presidente?

Personalmente supone una enorme satisfacción el hecho de que mi candidatura haya obtenido un amplio respaldo por parte de las asociaciones y federaciones integradas en FADECO CONTRATISTAS. Creo que la fiabilidad, la credibilidad y la confianza del trabajo que ha desarrollado CONSTRUCOR en estos años han sido claves en la elección y, por tanto, representa un reconocimiento al compromiso de CONSTRUCOR en la defensa de los intereses generales de las empresas y del conjunto del sector.

 

¿Ve factible compatibilizar esta presidencia con su cargo como secretario general de CONSTRUCOR?

Mi candidatura a FADECO CONTRATISTAS fue promovida por CONSTRUCOR, siempre que mantuviese mi vinculación con la misma. En este sentido, será el nivel de exigencia y de dedicación lo que determine hasta qué punto esta compatibilidad debe mantenerse, o en qué medida cabe barajar otras opciones.

En breve será el turno de las elecciones a la presidencia de FADECO PROMOTORES. ¿Tiene previsto presentarse también al cargo y ocupar ambas presidencias, como venía haciendo en las últimas dos legislaturas su predecesor en FADECO CONTRATISTAS, Federico Muela?

Debo anunciarle que la Junta Directiva de FADECO PROMOTORES celebrada el pasado día 10 de junio acordó iniciar el proceso electoral. La Asamblea Electoral ha sido convocada para el próximo 22 de julio. Por mi parte no tengo intención de postularme a la presidencia.

 

Si finalmente hubiese dos presidentes diferentes para Contratistas y Promotores, ¿afectaría en algo a la gestión de la organización?

En absoluto, pues son dos federaciones con su capacidad jurídica y su autonomía independiente, cada una tiene su propia gestión económica y presupuestaria y sus órganos de toma de decisiones. En el caso de los asociados ocurre igual, cada cual está asociado a Contratistas o a Promotores. Por tanto, el funcionamiento seguiría siendo el mismo independientemente de que pueda haber una separación en cuanto a la presidencia.

 

¿Cuáles son los principales objetivos que se ha marcado en este mandato?

Aunque la elección ha quedado circunscrita a la figura del presidente, creo que la mayoría de los miembros de FADECO CONTRATISTAS participan de la idea de que ha llegado el momento de abordar un proceso de búsqueda de una nueva identidad que nos permita redefinir nuestra presencia, participación y colaboración institucional; reforzar la integración de sus miembros; potenciar la prestación de servicios a las empresas; mejorar la capacidad de interacción con otros sectores empresariales y profesionales y, sobre todo, renovar nuestro compromiso con el conjunto de la sociedad andaluza.

 

¿Se tienen que producir cambios en el seno de la Federación? ¿En qué sentido?

En líneas generales, las organizaciones empresariales representan un modelo que ha funcionado y ha cumplido sus objetivos fundamentales desde el momento en que se instauraron. Sin embargo, creo que ha llegado la hora de revisar dicho modelo e ir transformándolo.

El papel de interlocutor cualificado con las administraciones públicas entiendo que está muy asentado y socialmente reconocido, aunque determinados episodios estén deteriorando en la actualidad ese papel que se ha desarrollado a lo largo de mucho tiempo; se tarda mucho en adquirir la credibilidad y muy poco en perderla. Eso es una realidad.

Pero más allá de esa reflexión, en nuestro caso particular no cabe duda de que los cambios sustanciales que se han producido en la última década hacen ineludible la necesidad de acometer la transformación de FADECO CONTRATISTAS. Entre otros cabe citar el fenómeno de las nuevas tecnologías asociadas a la información y la comunicación, o la mayor integración que se ha producido en los mercados de bienes y servicios, las reformas estructurales en el ámbito de la negociación colectiva y de la contratación pública, o la nueva orientación de la política comunitaria vinculada con la construcción sostenible. Para encarar estos cambios con ciertas garantías, y los nuevos retos que comportan, es preciso impulsar la capacidad emprendedora de las empresas y su modernización. Y ello pasa por implantar un modelo de articulación de las asociaciones y federaciones miembro de FADECO CONTRATISTAS que facilite a las empresas el acceso a nuevos servicios que supongan un valor añadido.

Hay que tener presente, además, que en unos momentos como los que atravesamos, las empresas del sector han tenido que ir prescindiendo de parte de la estructura con la que se habían ido reforzando para mejorar la gestión y modernización de sus organizaciones. Por ello, tenemos que convertirnos en unos prestadores de servicios muy avanzados para nuestras empresas, paliando esos déficits que la crisis ha generado, para lo cual tenemos que ver primero cuáles son esos servicios que pueden necesitar y, a partir de ahí, concretar qué herramientas o mecanismos tenemos que articular para poder ser el soporte en la prestación de los mismos.

 

¿Tiene ya fijado un itinerario de reuniones o diálogos con la Administración? ¿Qué espera especialmente de la Administración andaluza?

Ya se han mantenido algunos encuentros, y debo decir que he percibido una disposición favorable para sentar las bases que permitan seguir avanzando en la transformación del sector. No obstante, subsisten problemas muy enquistados cuya resolución no puede esperar. Me refiero a la morosidad en el pago de las deudas, o a las irregularidades que afectan a obras terminadas, y en uso, pendientes de recepción, o la necesidad de corregir determinadas prácticas que restringen el principio de libre de concurrencia y limitan la competencia.

 

Cada vez son más los indicadores que apuntan hacia una recuperación de la economía española. ¿Es posible hablar también de reanimación en el sector constructor?

Es verdad que la economía española parece que comienza una nueva etapa, yo diría que de tránsito hacia la recuperación, ya que todavía existen factores de riesgo importantes que pueden truncar el proceso, caso del abultado nivel de endeudamiento acumulado en estos años por el conjunto de las administraciones públicas, que va a lastrar el ritmo de la recuperación y la creación de empleo.

En el caso de la construcción los indicadores anticipan un débil repunte de la actividad. Ahora bien, conviene tener en cuenta que si comparamos la licitación alcanzada en Andalucía a finales de 2013 y la registrada en el año 2008, el descenso experimentado ha sido del 81,9. Es decir, partimos de unos niveles tan bajos que cualquier incremento de la actividad es positivo, pero desde luego insuficiente como para afirmar que se ha iniciado la recuperación del sector.

 

Tras siete años consecutivos perdiendo empleos, ¿se ha llegado a un punto de inflexión en esta materia o seguirán destruyéndose puestos de trabajo en la construcción?

Al finalizar 2013 la tasa de paro del sector en Andalucía se situó en el 54,3 por ciento, pese a que incluso la población activa se redujo un 17,7 por ciento; datos que revelan por sí solos que la construcción es el sector que se ha decidido sacrificar para corregir el déficit público. Yo diría que es hora ya de tomar conciencia de que esta sangría hay que cortarla.

 

¿Se mueven a diferentes ritmos o velocidades el subsector de la construcción de vivienda y el de la obra pública?

Sin duda el de la vivienda es muy dependiente del sistema financiero, sensible a la evolución del empleo, y condicionado por los procesos de transformación urbanística del suelo para su edificación. Por su parte la obra pública es dependiente de los recursos presupuestarios que las administraciones públicas quieran destinar a inversión. Son, pues, muy diferentes las variables que determinan el ritmo de actividad de cada uno, aunque en estos momentos presentan un mismo denominador común: la práctica ausencia de actividad.

 

La Junta ha anunciado recientemente que destinará 13,4 millones para reactivar este año 10 carreteras y construir una serie de estaciones de autobuses. ¿Qué significa para los constructores este tipo de anuncios?

Todo lo que represente nuevas inversiones es un anuncio bienvenido, máxime en la situación en la que se encuentra el sector. Pero durante muchos años ha sido tal el cúmulo de incumplimientos de los anuncios que se hacían, que lo recibimos con cierta cautela, pues pueden llegar a materializarse o no. Confiemos en que sí, porque el sector lo necesita y porque favorecería el crecimiento económico en la comunidad autónoma.

Dicho esto, hay que pensar que no podemos continuar en esta dinámica. Hemos sufrido una etapa muy dramática, muy dura, y aunque la recesión parece que ha tocado fondo, eso no significa que hayamos salido de la crisis ni que estemos en la senda de la recuperación en lo que se refiere al sector, como le decía anteriormente.

Por eso, lo que quiere el conjunto de la construcción es terminar con estas actuaciones de choque. Ya no podemos seguir con medidas paliativas, sino que debemos ser conscientes de por dónde va el futuro de nuestro sector en la comunidad autónoma. La Administración debe tenerlo claro y debe revisar los planes directores de infraestructuras, que se hicieron en una época de crecimiento económico, en la que había importantes recursos disponibles. Esos planes hay que actualizarlos y llevarlos a la práctica, reformularlos, entre otras cosas, porque existe el riesgo cierto de que determinados recursos procedentes de fondos europeos, comprometidos para ciertas actuaciones, al final se pierdan, precisamente porque no se tomen las decisiones a tiempo.

 

Es el caso de las infraestructuras para depuración de aguas.

En efecto, entre las actuaciones más importantes en este sentido destacan las referidas al tratamiento integral de aguas residuales. Parece un contrasentido que se hable tanto de la apuesta por la construcción sostenible, directamente vinculada con el medio ambiente, y sin embargo no se contemplen estas obras que tienen un marcado carácter medioambiental.

Por eso reitero que no podemos seguir con medidas paliativas, con actuaciones de choque, sino que es el momento de empezar al diseñar el futuro de la actividad de la construcción en nuestra comunidad, con las nuevas circunstancias y condicionamientos de hoy en día.

 

Con el nivel actual de licitaciones y adjudicaciones, ¿es posible el mantenimiento de las infraestructuras existentes o el deterioro puede ser muy costoso de cara al futuro?

En 2013 la licitación del conjunto de las administraciones públicas alcanzó los 9.142 millones de euros, que supone aproximadamente el 0,1 por ciento del PIB. A conservación y mantenimiento de infraestructuras se destinaron unos 800 millones de euros. Estamos hablando de uno de los mayores activos de este país, y estas cifras ponen de manifiesto la incompetencia de quienes tienen la responsabilidad de preservarlas. Es más, no les produce el más mínimo sonrojo el lamentable estado de abandono que presentan. Con esta actitud mucho me temo que el deterioro va a ir en aumento, con el riesgo de que los costes de reposición sean inasumibles lo que supondrá, de no tomarse ya medidas, retroceder cuarenta años. Además, unos costes de reposición tan importantes pueden condicionar, e incluso impedir, que las infraestructuras que están pendientes se puedan materializar. Estamos llegando a una situación crítica desde el punto de vista del diseño de la estrategia a futuro.

 

¿Consideran viable un mayor esfuerzo inversor por parte de las Administraciones?

A la vista está que las intenciones y los mensajes no van acompañados de la voluntad, y esto lo que genera es desconfianza y alimenta la falta de credibilidad de los anuncios que se hacen. Claro que es posible un mayor esfuerzo, pero para ello es necesario tomar decisiones, como por ejemplo reformar en profundidad un sector público sobredimensionado y reducir el enorme “gasto político” que supone. Es un coste inasumible e ineficiente que mantiene cautivos importantes recursos económicos que podrían destinarse a impulsar la actividad económica. Decía Cervantes que “el camino es siempre mejor que la posada”, y lo que yo percibo es un nulo compromiso para acometer esta reforma y, desde luego, cada vez menos gente en camino.

 

¿Quién está haciendo un mayor esfuerzo inversor, la Administración Autonómica o la Central?

Si hacemos una comparativa del esfuerzo que está haciendo la Administración del Estado respecto al que hace la Junta de Andalucía, hay que reconocer que el Estado está manifestando un mayor grado de compromiso. De hecho, una de las razones por las que el sector de la construcción en Andalucía está perdiendo pujanza es precisamente por ese escaso esfuerzo inversor que está habiendo por parte de la Junta.

Ahora bien, a la Administración del Estado hay que exigirle más. Andalucía es una región, no sólo dentro de España sino de Europa, con una extensión y una complejidad territorial enorme. No es que en Andalucía estemos constantemente pidiendo, es que para concluir definitivamente todo el proceso de vertebración y articulación territorial de la región, desde la perspectiva también de la cohesión económica y social, de forma que los distintos territorios que conforman la comunidad autónoma generen oportunidades, es necesario hacer mucho más que en otras regiones. Es cierto que el proceso está muy avanzado y que se ha hecho muchísimo, pero no cabe duda de quedan todavía muchos capítulos pendientes que son muy importantes.

 

Otro batalla constante de los constructores frente a la Administración del Estado es la escasa apuesta por la empresa andaluza para las obras de mayor envergadura. ¿Se puede hacer algo al respecto? ¿Puede existir desconfianza en su capacidad técnica o logística?

Esta es una batalla que tendremos que ganar, y para ello sólo caben dos opciones, o ‘pegar un puñetazo en la mesa’ o acudir a los tribunales. En absoluto es una cuestión de desconfianza en nuestra capacidad técnica. A la vista está el amplio bagaje que acumula la empresa andaluza y su compromiso en la ejecución de las infraestructuras.

Mi apreciación personal al respecto es que la Administración sabe que no va a pagar en los plazos estipulados en la normativa; su reiterado incumplimiento de los plazos de pago se va a mantener todavía durante un periodo de tiempo importante. En la tesitura de tener que adjudicar obras a empresas que les puedan generar ciertas dudas sobre su solvencia económica y financiera, en el sentido de si van a ser capaces de soportar esa demora en el pago, articula unos mecanismos de licitación que implican que, casualmente, aquellas obras de mayor relevancia desde el punto de vista económico van a parar siempre a empresas que tienen unos determinados ratios, que tienen un soporte financiero que las mantiene. En cambio, empresas andaluzas que posiblemente tengan mejores ratios de solvencia desde el punto de vista financiero son, de alguna manera, “excluidas” de estos procesos, en el sentido de que no acuden a ellos en condiciones de igualdad y, por tanto, no tienen las mismas posibilidades de acceder. Creo que ha llegado el momento de analizar esto minuciosamente y frente a aquello que entendamos que no es razonable, ‘pegar’ como le decía ‘un puñetazo en la mesa’ o acudir a los tribunales. Tendremos que pelear, quizás acudir a la Comisión Nacional de la Competencia para que solicite esos contratos y vea cuáles son las condiciones de pago que tiene pactadas la empresa adjudicataria con las distintas empresas subcontratistas, ver su situación desde el punto de vista de la Seguridad Social o del tipo que se abona por el Impuesto de Sociedades, etc.

Es decir, tenemos que empezar a ser un mosquito peleón, y si hay que ir a los tribunales, pues adelante. Creo que hay casos más que justificados para ello.

 

Ha hecho referencia en varias ocasiones a la morosidad en el pago de la deuda de la Administración. ¿Alguna novedad al respecto?

Precisamente el asunto de la deuda es algo que vamos a tratar en la próxima Junta Directiva, porque es importante actualizar el importe total de la misma. En el último Plan de Pago a Proveedores entraron las facturas vencidas a 31 de mayo de 2013, cuyo pago se produjo las primeras semanas del mes de febrero de este año. Ha llegado el momento de hacer un balance del cierre de ese Plan, actualizar la deuda que se ha ido generando en fecha posterior y, sobre todo, cifrar esa otra deuda que sigue estando oculta. Me refiero a la deuda que no aflora porque no está documentada, por obras que se han entregado, que están recepcionadas y en uso público pero que al no estar documentadas no se puede confeccionar la liquidación, revisiones de precios que tampoco están incorporadas a esas liquidaciones, modificaciones o reformados de proyectos que están autorizados por la dirección facultativa pero que no tienen el soporte documental para poder generar la factura, la certificación o la liquidación correspondiente. Eso es lo que llamamos deuda oculta, que está ahí, que la Administración conoce, pero que no aflora desde el punto de vista presupuestario porque no tiene el soporte documental de la factura.

 

¿Qué papel está jugando la rehabilitación para los constructores? ¿Tiene la actividad de la rehabilitación y las reformas suficiente fuerza para tirar del sector o es imprescindible la subida de las inversiones para la construcción tradicional de obras de ingeniería civil?

En estos momentos la rehabilitación es un mero anuncio, uno más, pero no cabe duda que cuando las bases y las palancas para impulsar esta concreta actividad se aseguren, van a abrirse nuevas alternativas y oportunidades para el sector. Y digo cuando se aseguren, porque ya existen pero no están operativas. El Ministerio de Fomento, después de casi dos años, no ha sido capaz de suscribir con ninguna comunidad autónoma los convenios que el Plan Estatal de Fomento del Alquiler y la Rehabilitación 2013-2016 prevé para su desarrollo. Por su parte, la Consejería de Fomento y Vivienda ha incumplido el plazo para formular y aprobar el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación, y desde luego nada sabemos sobre la cuantía de los recursos presupuestarios que piensan comprometerse. Es decir, las actuaciones se han definido y diseñado, los instrumentos también, pero los responsables siguen cada uno “en su posada” sin tomar decisiones sobre qué medios van a comprometer para desarrollarlas.

 

Respecto a los movimientos y planes concretos que está poniendo en marcha la Junta de Andalucía en materia de eficiencia energética en la edificación, ¿cuál será su efecto real sobre el sector constructor andaluz?

La mejora de la eficiencia energética de los edificios es una de las actuaciones que forman parte del plan integral de la rehabilitación. Pero el sector quiere hablar de rehabilitación energética con “mayúsculas”, es decir, de intervenciones sobre la estructura y la epidermis de los edificios, o de operaciones de regeneración y renovación urbana, cuya dimensión social y económica no es comparable con las promovidas recientemente por la Junta de Andalucía, que se limitan básicamente a sustituir ventanas. Estas últimas no van a servir para revitalizar la actividad de la construcción.

Sin ánimo de polemizar, actualmente la ecuación entre resonancia de la rehabilitación y medidas para su impulso, es igual a desencanto.

 

Para concluir, ¿qué protagonismo está cobrando la internacionalización en el sector? ¿Se espera que crezca mucho más la presencia de las constructoras españolas en el exterior?

Es una alternativa que las pequeñas y medianas empresas están intentando con un resultado más bien exiguo. Como regla general, para acceder a un proceso de licitación internacional hay que aportar un aval o seguro de crédito que afiance el cumplimiento del contrato, garantía que las entidades de crédito no facilitan, haciendo inaccesible su participación. Por otra parte, para hacer frente a los costes que supone la internacionalización es preciso contar con la participación de inversores privados o recurrir a ayudas públicas, además de disponer de recursos propios suficientes; exigencias que la mayoría de las pequeñas empresas no pueden cumplir actualmente. Ai

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