Análisis de los presupuestos de la Junta para 2017

Por Jaime Raynaud Soto
Portavoz Economía y Conocimiento del Grupo Parlamentario Popular Andaluz

En las siguientes líneas voy a reflexionar sobre el proyecto de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2017, como Portavoz de Economía y Conocimiento del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Andalucía. Debemos comenzar efectuando una contundente afirmación: “Más de lo mismo, el presupuesto se consolida como un instrumento al servicio de la fracasada política económica del Gobierno andaluz”.
En definitiva, un presupuesto que persevera en el error, sin las políticas que Andalucía necesita para converger con el resto de regiones de España y Europa, y condenado a convertirse en papel mojado y promesas incumplidas.
El presupuesto de ingresos no crece por la gestión y políticas del gobierno autonómico, sino que se debe a la relajación del objetivo de déficit (al 0’5% para 2017) propuesta por el Gobierno de la Nación, permitiendo una mayor financiación por 372 millones de euros, un 16’7% del total del incremento; a la mejora de la situación económica que aumenta los ingresos derivados del sistema de financiación; 486 millones más, un 25% del total del incremento y al incremento de los fondos europeos en 78 millones de euros.
Lo que sí le debemos al Gobierno Andaluz es el aumento de la deuda futura, ya que 1.164 millones provienen de la emisión de deuda, sólo para pagar las amortizaciones de deuda de ejercicios anteriores (pedir deuda para pagar deuda) y la vuelta al cuento de la venta del patrimonio. Han presupuestado ingresos por la venta de patrimonio por 94 millones de euros, utilizándolo como una especie de fondo de contingencia.
Entre 2018 y 2020 tendremos que amortizar más de 10.000 millones de deuda. El Gobierno andaluz puede seguir funcionando gracias al apoyo financiero del Gobierno de la Nación. Sin este soporte, la deuda generada y su coste sería inasumible. El presupuesto condena a los andaluces a seguir pagando más impuestos que el resto de españoles, no se ha arreglado el error de salto en el impuesto sobre Sucesiones, a pesar de la promesa de investidura de Díaz y de su acuerdo con Ciudadanos. Con la nueva regulación sigue el error de salto y por heredar un euro más el impuesto aumenta 46.995 euros, por andaluz que herede.
El presupuesto para 2017 da la espalda a los sectores productivos tradicionales y es poco ambicioso con los emergentes, no impulsa la creación de empleo. Por segundo año consecutivo la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural va a ser la única Consejería (sin contar la de Presidencia) a la que Susana Díaz le recorta su presupuesto. Frente a un incremento del 6’2% del Presupuesto, a esta Consejería se le recorta un 0’6%.
Hablar del presupuesto de la Consejería de Agricultura, con Susana Díaz como Presidenta, es sinónimo de recorte ya que desde 2013 no hace otra cosa que pegarle tijeretazos a un presupuesto que es fundamental para apoyar el mantenimiento y desarrollo de nuestra agricultura, ganadería y pesca. Si Susana Díaz no considera una prioridad nuestra agricultura, ganadería y pesca, ¿para quién quiere una Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía?
El presupuesto consolida los recortes de ejercicios anteriores manteniendo prácticamente constante e incluso reduciendo programas destinados a sectores productivos como: Emprendedores y para la Internacionalización de la Economía andaluza; 48.000 euros. El presupuesto no da un apoyo verdadero a los emprendedores. Las actuaciones para emprendedores, trabajo autónomo y PYMES están dotadas con un total de 129 millones. El pasado año nos vendieron un plan de 125 millones, sólo para autónomos, y ahora destinarán la misma cantidad para el conjunto de emprendedores que son la base del tejido productivo. De esos 129 millones, sólo 40 millones irán a los autónomos. Todavía adeudan ayudas a autónomos de 2015, y no se ha abierto convocatoria de ayudas en 2016.
En I+D+i prometen aumentar el gasto hasta alcanzar los 448 millones. Esto supone un incremento del 3’64%, por debajo del crecimiento del presupuesto (6’2%). El papel lo aguanta todo pero no es creíble. En el presupuesto de 2016 hay 432 millones para políticas de I+D+i de los que sólo llevan ejecutado el 9%, aún no se han convocado las subvenciones para la investigación que prometía el PAIDI y ahora se están pagando algunas convocatorias de 2012.
Conviene destacar que además de los recortes que han sufrido las operaciones de capital, la gestión de la Junta de Andalucía se ha caracterizado por la baja ejecución de las mismas. En los tres últimos ejercicios cerrados, 2013-2015, se dejaron sin ejecutar casi 4.900 millones de euros de los créditos definitivos. Para las obras de depuración financiadas con el Canon de Mejora se han presupuestado gastos por 124 millones de euros, la misma cantidad de los ingresos que estiman recaudar. Ni rastro de la diferencia de más de 250 millones del dinero recaudado por el Impuesto del Canon de Mejora entre 2011 y 2015 y que aún no ha sido ejecutado.
Se vuelve a recortar el número de unidades en colegios y escuelas públicas rurales, habrá 22 menos para 2017 y 115 unidades menos que hace cuatro años. Mientras el presupuesto para ayudas de transportes escolar se congela por tercer año consecutivo, el número de alumnos beneficiarios de estas ayudas aumenta un 9’4%
En justicia no existe la subida que se anunció de 66 millones ni por Consejería en total ni por programas específicamente, a cambio aumenta un 31’6% la partida de arrendamiento de sedes judiciales: por no disponer de edificios de titularidad pública a estas alturas. Mantiene su falta de transparencia: las inversiones no se provincializan por sexto año consecutivo. No han cumplido con la exigencia legal de publicar el anteproyecto de presupuesto en el Portal de Transparencia.
Por sexto año consecutivo el Gobierno andaluz presenta al Parlamento de Andalucía un presupuesto que no identifica la inversión a realizar en cada una de las provincias andaluzas. Se incumple el compromiso de transparencia de la Presidencia de la Junta de Andalucía, se menoscaba la Ley de Transparencia aprobada por unanimidad, se soslaya la Ley de Hacienda y se vuelve a ningunear al Parlamento y a despreciar el derecho de los diputados, que no es otro que el derecho de los andaluces.
Se vuelve a vulnerar el artículo 34 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía que establece que “los gastos de inversión se han de clasificar territorialmente” y que nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo 2 establece que “el territorio de Andalucía comprende el de los municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla”.
La ocultación de estos datos impide el control parlamentario de las inversiones y permite la discrecionalidad en su reparto, por tanto en 2017 seguimos con la falta de transparencia y sin embargo los andaluces pagamos 1.313.509 euros al año a la Autoridad que vela por la transparencia. En cambio, presupuestar las inversiones por provincias no cuesta un solo euro, es sólo cuestión de voluntad política y compromiso con la transparencia.
Por supuesto no hay aplicación presupuestaria concreta en la que se consigne la recuperación de las cantidades defraudadas, impidiendo la evaluación de la gestión de las mismas. En definitiva y como decíamos al principio, es poco creíble por sus antecedentes: mala gestión de los fondos públicos y falta de ejecución. Ai