Ajustes y reformas, ¿en qué tiempo del partido estamos?

Jorge Segura Rodríguez

Economista

 

A diario escuchamos opiniones a favor y en contra de continuar con los ajustes en los presupuestos públicos, razonándose por parte de los partidarios de continuarlos la necesidad ineludible de reducir el déficit público, y argumentando por contra los partidarios de flexibilizar el ritmo de los ajustes el efecto negativo a corto plazo de los mismos sobre la actividad, actividad que en los últimos meses está suavemente ralentizándose, entre otros factores por la debilidad de la economía europea.

Jorge Segura
Jorge Segura

En este contexto es necesario echar la vista atrás y visionar rápidamente la evolución desde el inicio de la crisis. En mi opinión, los ajustes realizados en el periodo 2012-2014 fueron la respuesta imprescindible ante los problemas existentes de financiación del enorme desequilibrio exterior que en 2011 y 2012 afrontó nuestra economía, desequilibrio consecuencia del déficit “crónico” que venía arrastrando nuestra balanza de pagos durante años, el incremento incesante del déficit público derivado de no reconocer la crisis económica en que estábamos inmersos desde 2008, sin haber realizado las reformas necesarias, y en consecuencia el alto endeudamiento exterior de nuestra economía.
Pese a haber solventado la situación de urgencia puntual existente, vía los ajustes realizados y las reformas acometidas en los últimos años, no hemos atacado definitivamente las causas estructurales de los desequilibrios de nuestra economía, y ello es así porque la reducción del déficit público se ha realizado en buena parte vía reducción de inversiones e incremento de impuestos, lo que ha dado lugar a un incremento de la presión fiscal de tres puntos porcentuales durante el periodo de la crisis. Tenemos todavía pendientes de realizar importantes reformas estructurales y como sociedad asumir profundos retos en nuestro modo de organizarnos, entre estas reformas pendientes y retos a cometer destaco los siguientes :
1ª. Reforma de la Administración Pública, para eliminar las duplicidades en competencias y no extender las competencias a actividades que realmente no deberían realizarse por las administraciones. Este control y minoración del gasto público se debe realizar en todos los niveles de la Administración, pero fundamentalmente a nivel autonómico, nivel de la administración en el que se realizan, y en muchas ocasiones se intermedia con las administraciones provincial y municipal, en la prestación de servicios y actividades, sin que en contrapartida los ciudadanos visualicemos de forma transparente el coste derivado de la actuación de la administración autonómica. Por otra parte, diariamente observamos la cada vez mayor asimetría que se va introduciendo por las autonomías en los tributos que les han sido transferidos, y cómo la administración central tiene que acudir en auxilio de distintas autonomías para evitar impagos, dada la tendencia de las administraciones autonómicas a no reducir sus actividades. Acometer la reforma de la administración pública es urgente, aprovechando el margen derivado de la situación actual de tipos de interés excepcionalmente bajos, pues cada 100 puntos básicos de incremento en los tipos de interés nuestro déficit público anual se incrementa un 1%, así como la actual situación de bajos precios del petróleo, dada la dependencia energética de España, y el peso de estas importaciones en la balanza comercial.
La sociedad española en conjunto y nuestros políticos tenemos que reconocer la falta de incentivación que la propensión al estado del bienestar produce en ocasiones, al no orientar el gasto público a dinamizar de forma real la sociedad, vía facilitar que surjan nuevas oportunidades, y por el contrario originar en las personas una cierta actitud acomodaticia. La Sociedad Española de una vez por todas debe entender que el gasto público no es per se social y económicamente deseable, y que una reducción del nivel de impuestos genera mayor riqueza y empleo colectivos. Igualmente, es urgente que todos rechacemos de forma contundente los altos niveles de corrupción, inaceptables ética y moralmente, y profundamente distorsionadores desde el punto de vista económico.
2ª. Reforma de la Educación, vía un pacto de estado que acabe con los continuos cambios del sistema educativo. Esta reforma debe reenfocar el sistema en todos sus niveles, tanto para los docentes como para los discentes, y basarse en los principios de esfuerzo, evaluación y meritocracia, con objeto de alcanzar niveles de excelencia y dar respuesta a la realidad digital y global de la economía actual, para así poder transformar nuestro modelo productivo, incrementar nuestra productividad y conseguir la empleabilidad de los egresados de nuestro sistema educativo. Corea del Sur lo ha realizado en los últimos quince años, focalizando el gasto público y privado en I+D.
3ª. Reforma Laboral y de Pensiones, profundizando en el desarrollo de la reforma laboral, simplificando la regulación todavía excesiva en materia de contratos de trabajo, relaciones laborales, sindicales, etc., para así tener un mercado de trabajo flexible y menos rígido, que permita responder con rapidez a las necesidades de reorganización de las empresas en los ciclos bajos, y crear rápidamente empleo desde que se inicia la recuperación de la economía, así como eliminar las barreras administrativas y de costes que dificultan el incremento de la dimensión de nuestras empresas.
Igualmente es imprescindible alcanzar un pacto de estado, realista y no demagógico, sobre la viabilidad futura del sistema de pensiones considerando nuestra pirámide poblacional y la incorporación de la economía actualmente sumergida, para así determinar los ajustes a realizar en las pensiones, y las aportaciones a efectuar vía ahorro privado e impuestos para llegar en un futuro a largo plazo desde el actual sistema de reparto a uno de capitalización.
4ª. Reforma Fiscal, con el objetivo básico de aflorar la economía sumergida y que los distintos agentes económicos tributen en bases transparentes, así como eliminar las duplicidades de tributación que suponen el Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones, y superar los procesos de deslocalizaciones producidas por las diferencias de tributación autonómica, así como establecer una nueva estructura impositiva y de presión fiscal que favorezca el ahorro y el desarrollo de las actividades empresariales privadas, fuente de creación de riqueza y empleo.
5ª. Incrementar la dimensión de nuestras empresas, superando el minifundismo medio de las mismas, requisito imprescindible para poder acometer las inversiones materiales, en I+D y en digitalización que permitan aumentar la eficiencia y productividad necesarias para obtener las ventajas competitivas requeridas para competir globalmente. Este reto de incrementar la dimensión de nuestras empresas requiere, además de que la normativa laboral, fiscal, etc., favorezcan el mismo, un cambio en mentalidad de la estructura de propiedad de los accionistas de nuestras empresas, hacia una mentalidad más colaborativa, imprescindible para alcanzar acuerdos de fusión e integración que permitan alcanzar empresas de mayor dimensión.
En referencia al título del artículo, estamos en el último tiempo del partido, sin un momento que perder, hacer las reformas es urgente pues en 2008 España tenía una muy baja deuda pública, teníamos reservas, y nuestra deuda pública actual es del 100% del P.I.B. Ai

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